El artículo explora las difíciles condiciones de vida de los migrantes en los campamentos chabolistas de Níjar, Almería, destacando la falta de acceso a servicios básicos como agua, luz y saneamiento, así como la precariedad de sus viviendas. A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones y las promesas de las administraciones, la situación sigue sin mejorar, generando un ciclo de precariedad y vulneración de derechos humanos.
Recién duchado, Boubakar Cissé, de 32 años, se sienta a la mesa. Lo hace despacio, cansado. Se levantó a las seis de la mañana para helarse en su patinete camino del invernadero donde ha trabajado ocho horas. “Muy duro”, certifica. A pesar de la fatiga hay una sonrisa dibujada en su cara. “Ahora puedo dormir, descansar, vivir tranquilo”, explica el senegalés, que prefiere olvidar los cinco años que vivió en Walili y Cañaveral, dos de los asentamientos chabolistas de Níjar ( Almería , 31.
816 habitantes). “No había luz y tenía que caminar a diario para conseguir agua. Hacía frío en invierno y muchísimo calor en verano”, recuerda. Desde agosto pasado reside en Casa Arrupe, una de las pocas iniciativas que buscan dar salida a las alrededor de 3.500 personas que todavía viven en estos campamentos en esas mismas condiciones, según los datos de Andalucía Acoge. La mayoría son trabajadores de la agricultura intensiva. Es una realidad que acumula más de 25 años sin apenas cambios. Y aunque las administraciones han empezado a dar pequeños pasos, la esperanza se diluye ante las promesas incumplidas. A principios de 2023, hace justo dos años, ocurrió lo que parecía un punto de inflexión. Entonces las excavadoras destruyeron el que entonces era el mayor de estos campamentos, denominado Walili. En este trozo de desierto residían unas 500 personas extranjeras, que de la noche a la mañana se quedaron sin lo poco que tenían como cobijo: pequeños cuartitos construidos con palés y plásticos entre calles de barro. Era el único gran campamento visible desde la carretera que lleva a los turistas a las playas de Cabo de Gata. Tras echarles, el Ayuntamiento de Níjar les planteó alternativas, pero además de escasas, aún hoy la mayoría siguen sin estar disponibles. Por eso casi todos los residentes no tuvieron más opción que dirigirse a otros asentamientos repartidos por la comarca, a los que hoy siguen llegando nuevos migrantes. Ahora Atochares es el más grande, con una población de entre 600 y 700 personas que fluctúa al ritmo de las plantaciones de tomates, calabacines o sandías. El campo, que factura más de 3.000 millones de euros anuales en la provincia, les da trabajo. A veces con contrato y otras sin él, bajo “un modelo explotador de mano de obra”, según denunció la ONG Ethical Consumer en un informe publicado en 2023. Atochares está escondido junto a una carretera secundaria en pleno corazón del enorme término municipal nijareño. Allí malviven personas de Ghana, Senegal, Malí, Guinea Conakry, Rumania o Marruecos. Sus chabolas están levantadas con materiales sobrantes de los invernaderos, aunque en los últimos años han proliferado construcciones con bloques de hormigón por el miedo a los incendios que arrasan periódicamente algunas de estas infraviviendas. Hay plásticos por todas partes, precarios enganches a la luz, suciedad, mosquitos, serpientes. “Es un barrio más de Níjar, pero donde se vive en una situación francamente inhumana”, apunta Ramón Miranda, médico jubilado que ha elaborado un informe para la fundación Almería Tierra Abierta donde denuncia la ausencia de saneamiento, la escasa recogida de basuras o los cortes de agua. “Flagrantes vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos”, según el informe Las fronteras internas en Andalucía presentado hace unos días por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Hasta 2024 aquí había cuatro fuentes, pero desde la pasada Semana Santa —cuando los migrantes pasaron casi tres semanas sin suministro— el municipio cortó las tres más cercanas al poblado. Ahora solo funciona la más alejada, a entre 150 y 500 metros de las infraviviendas. Su agua llena a diario decenas de bidones de productos fitosanitarios de 20 litros utilizados para el aseo personal. “Los cortes de suministros son indicativos, creemos, de un desalojo a corto plazo”, advierte el activista Ricardo Pérez sobre un temor común: que vuelvan las pegatinas de aviso previas al derribo. Todos saben que pasará, pero nadie pone fecha. Tampoco el ayuntamiento, donde creen que los problemas de luz y agua no son una medida de presión y aseguran que la basura se recoge periódicamente. Eso sí, solo hay dos contenedores para centenares de residentes a los que el municipio suele negar el empadronamiento, derecho recogido por ley. Es uno de los grandes problemas que sufren estas personas porque sin él, ni son considerados vecinos del pueblo ni tienen acceso a posibles soluciones. Son invisibles. Muchos tienen contrato y su situación regularizada, pero no pueden salir de allí ante la escasez de vivienda. María Ruiz-Clavijo, trabajadora del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), acude varias veces en semana a este y otros campamentos para escuchar y ofrecer ayuda. “Te das cuenta de aquí cada uno hace lo que puede, que es poco. Es insoportable. Una piensa que la vivienda es un derecho, pero la experiencia te indica que es lo contrario”, mantien
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