Un juzgado en Valencia solicitó información sobre la alerta masiva enviada a móviles el 29 de octubre, pero el Gobierno valenciano no identifica al responsable de la decisión. La portavoz del Gobierno, Susana Camarero, afirma que fue una decisión colectiva del Cecopi, pero el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, había declarado previamente que el Cecopi no es un órgano colegiado y no se llevan actas ni grabaciones.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular es la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, solicitó la semana pasada al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana información de todas las actuaciones llevadas a cabo por ese órgano el 29 y el 30 de octubre y a la Conselleria de Interior y Emergencias para que comunique quién tomó la decisión de emitir la alerta masiva a los móviles a las 20.
Camarero evitó así señalar tanto al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, como a Pradas, las dos personas con autoridad para ordenar el envío de ese mensaje: Pradas como directora de la emergencia, tal y como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, o Mazón como jefe del Consell, quien fue consultado sobre el tema en los momentos más críticos del 29 de octubre.
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