El fiscal general, Álvaro García Ortiz, compareció ante el Supremo en calidad de imputado, negándose a responder preguntas del juez instructor y alegando que la investigación está 'predeterminada'. García Ortiz solo respondió a preguntas de su defensa y del Ministerio Fiscal, argumentando que el origen del procedimiento se basa en una entrada y registro 'ilegal' por parte de la Guardia Civil.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , compareció este miércoles ante el Supremo durante una hora y 25 minutos para responder a las preguntas formuladas por su defensa. Al inicio de su comparecencia, García Ortiz manifestó que solo respondería a las preguntas planteadas por la Abogacía del Estado, es decir, su defensa, y el Ministerio Fiscal.
La teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, decidió no formular ninguna cuestión, argumentando que el origen de este procedimiento se basa en una entrada y registro 'ilegal' -en referencia a la diligencia llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 30 de octubre en su despacho por orden del Supremo- y existe una 'conexión de antijuricidad', según informaron fuentes jurídicas. De esta manera, García Ortiz rechazó responder a las preguntas que le pretendía formular el magistrado de la Sala Segunda, Ángel Hurtado. García Ortiz afirmó que el juez instructor del caso está actuando de manera 'predeterminada' y 'creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad'. Durante el interrogatorio, el abogado del Estado José Ignacio Ocio Martínez de la Puente, el imputado se desvinculó de la filtración del correo electrónico de la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, sostuvo que solicitó a la fiscal jefe provincial de Madrid, la imputada Pilar Rodríguez, que se lo enviara a su cuenta de Gmail personal la noche del pasado 13 de marzo porque el correo oficial de la Fiscalía en ocasiones presenta retrasos. En sus sucesivas negativas, García Ortiz reiteró que no ha filtrado el correo clave al Gobierno o su entorno, según fuentes conocedoras de la declaración. Por otro lado, el fiscal general señaló que su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, reclamó el expediente completo del empresario Alberto González Amador el pasado 8 de marzo porque había periodistas que se habían interesado previamente por esa información. Según declaró, tampoco ha dado ninguna orden a fiscales relativa a este asunto ni ha intentado perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña. Esta es la primera vez en democracia que un fiscal general tiene que comparecer como imputado para responder sobre la posible comisión de un delito ante un juez. En su condición de investigado, García Ortiz no estaba obligado a decir la verdad en el Supremo. Los informes de la UCO enviados al juez Hurtado revelaron que en el teléfono del fiscal general no había mensajes en las fechas de los hechos investigados y que el imputado había cambiado de terminal el 23 de octubre, unos días después de que el Supremo le abriera la investigación y pocos días antes de que la Guardia Civil registrara su despacho y se incautara del teléfono. Él alega que eliminó los mensajes por seguridad. Este miércoles declaró que en su teléfono móvil tenía mensajes tanto personales como institucionales y que desde que es fiscal general ha cambiado seis veces de terminal. El pasado 23 de octubre correspondía hacer un cambio, añadió, y aunque pidió el nuevo móvil en el mes de mayo no lo hizo hasta una semana después de que el TS incoara una causa contra él. El fiscal general está siendo investigado por un delito de revelación de secretos cometido presuntamente por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El instructor del Alto Tribunal investiga quién filtró el expediente tributario del empresario Alberto González Amador y quién divulgó a medios de comunicación afines al Gobierno el correo electrónico donde la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que 'ciertamente' se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. El Supremo también indaga si detrás de esta actuación tuvo lugar una operación política desde el Gobierno para perjudicar a una de sus adversarias. En uno de sus últimos autos, el juez Hurtado señaló a La Moncloa como uno de los destinos del correo de la confesión de González Amador y destacó que, desde Presidencia del Gobierno, se quiso hacer un uso político de ese mail que «objetivamente» sólo fue publicado por la Cadena Ser y eldiario.es después de haber sido recibido en la cuenta de Gmail personal de García Ortiz a las 21:59 horas del pasado 13 de marzo. El fiscal general del Estado llegó este miércoles puntual a su cita con el Alto Tribunal. A las 9:50 horas, tras bajarse del coche oficial y decir un escueto 'buenos días', atravesó la puerta de autoridades del Alto Tribunal, entre algunos gritos de 'sinvergüenza' o 'ya te ha dicho Sánchez lo que tienes que decir'. Para su primera declaración como imputado, García Ortiz eligió una corbata con la balanza de la Justicia. Según informaron fuentes jurídicas, el interrogatorio comenzó de forma puntual a las 10:01 horas donde el fiscal general optó por sentarse en estrados mientras estaba siendo interrogado
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