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La crisis de vivienda en España se agrava por decretos que restringen la oferta y un posible adelanto electoral que busca rédito político. Conoce el análisis completo.
La crisis de vivienda en España se ha intensificado debido a decretos gubernamentales que, según críticos, restringen la oferta y no resuelven el problema. En 2006 se construían 600.000 viviendas, mientras que ahora menos de 100.000, agravando la escasez. El presidente Pedro Sánchez enfrenta presiones para un posible adelanto electoral, a pesar de llevar ocho años en el Gobierno.
Decretos con minas que agravan la crisis
Desde el principio, Sánchez no tenía voluntad de arreglar el problema de la vivienda sino intención de usarlo demagógicamente para obtener ventajas electorales. Tan absurdas eran sus propuestas que, a medida que se conocían los textos, en los portales inmobiliarios se podía ver en tiempo real cómo muchos propietarios retiraban sus pisos del mercado del alquiler.
El problema de la vivienda en este país no se resume en que los malvados caseros suben los alquileres a los desvalidos inquilinos, como quiere hacernos creer este Gobierno y sus socios. De hecho, si estos últimos hubieran sido los destinatarios de los decretos al Gobierno le hubiese bastado con poner en el texto que las presentes disposiciones solo serán de aplicación cuando se trate de fondos buitre.
La situación ha empeorado tanto en aquellos territorios donde no se ha aplicado la reforma como en los que sí. En este tiempo la vivienda es cada vez más inaccesible para los españoles. Su precio ha subido en un contexto de alta demanda y baja oferta. Alguien podría decir que esa diferencia de diez puntos está en la aplicación o no de la Ley, pero no es verdad.
Impacto en Madrid y Barcelona
La diferencia obedece a que la demanda ha subido más en Madrid que en la Ciudad Condal, debido fundamentalmente al mayor crecimiento económico de la capital de España. Las medidas intervencionistas han provocado que en ese tiempo la oferta de alquiler en Barcelona se haya derrumbado en torno a un 50% y un 30% en Madrid.
Algún trauma debe tener este país para que haya pasado de ser capaz de construir 600.000 viviendas en 2006, cuando no se necesitaban, a menos de 100.000 ahora, cuando son más necesarias que nunca. Puede que la burbuja provocara en el subconsciente de nuestros representantes daños irreparables, hasta el punto de que reparcelar o urbanizar pueda suponer de 7 a 15 años, y que el suelo edificable suponga de 36 a 48 meses.
En todas estas cosas es donde los que nos gobiernan tienen que ponerse las pilas. Aquí está la clave al problema de la vivienda y no en los decretos trampa.
Posible adelanto electoral y cálculo político
Y este debate, que se presta a la demagogia como ningún otro, ha abierto frente a Sánchez una ventana de oportunidad que le tienta. Es posible que no tenga otra oportunidad como esta para reivindicarse. La tentación para anunciar en los próximos días el adelanto electoral es demasiado fuerte.
Si los tahúres que le rodean le convencen este fin de semana de que es posible endosarle el muerto a la derecha, a pesar de llevar ocho años en el Gobierno, Sánchez saltará a la piscina. Si tiene dudas alargará la legislatura hasta el infinito y más allá por no arriesgarse a perder prematuramente el poder, y con ello TVE, el CIS, el pucherín de la Ley de Nietos y a ese Cándido Conde Pumpido con su TC que le rebaña el plato.
Cada día en que decenas de miles de personas no pueden acceder a una vivienda simplemente porque no existe. Ni la pueden comprar ni la pueden alquilar. El duelo entre inquilinos y caseros se parece bastante al que acontece en el mercado laboral cuando se establece esa falsa dicotomía entre empresarios y trabajadores, atribuyéndole a los primeros la condición de explotadores y a los segundos la de explotados.
En este falso dilema siempre quedan fuera los parados, que estarían encantados de conocer a un empresario que les contratase. Un empresario que, como la vivienda, escasea porque el clima político generado para que surja no es propicio. O más gente no tendrá acceso a la vivienda. Y buena parte de las medidas que incluían los decretos restringían la oferta. Cualquiera que no sea un terraplanista entiende esto. Y Junts de momento no lo es.
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