En 2015, pidieron que en la clase de su hijo se impartiera el 25% en castellano. La familia acabó renunciando a sentencia, cerrando un negocio y enviando a sus hijos a estudiar a 30 kilómetros tras sufrir la presión vecinal e institucional. “Nos señalaron'
, cerrando un negocio y enviando a sus hijos a estudiar a 30 kilómetros tras sufrir la presión vecinal e institucional. Han pasado seis años desde entonces, los menores siguen estudiando lejos de su casa y los padres han renunciado a pedir más enseñanza en castellano para ellos.
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