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Los grupos interesados en adquirir la siderúrgica deben plantear sus primeras propuestas en la primera semana de octubre tras analizar las cuentas
entra en una fase clave. La cuenta atrás para iniciar la puja por la siderúrgica se ha activado una vez concluido el plazo para que potenciales compradores accedieran a las entrañas de la empresa.
El administrador concursal, de la firma PFK Attest, abrió las puertas del denominadohasta la medianoche de este miércoles, 30 de septiembre, para que los interesados pudieran analizar en profundidad las cuentas y la situación patrimonial de la empresa, cuya deuda ascienda hasta casi los 300 millones de euros, antes de decidir si presentan una oferta durante la primera semana de octubre. En un principio, el acceso a la información contable de la siderúrgica vasca, así como la posible visita a las instalaciones y mantener entrevistas con responsables, finalizaba el pasado 7 de septiembre.
Sin embargo, el interés suscitado por la operación y la petición de los inversores de disponer de más tiempo para analizar la información llevaron al administrador concursal acon el “objetivo de maximizar el valor de la masa activa mediante la obtención del mayor número posible de ofertas suficientemente analizadas y fundamentadas”, según informó Tubos Reunidos. Concluida esta fase, los interesados en hacerse con la empresa deberán presentar sus primeras ofertas antes del próximo 7 de octubre, a las 14.00 horas.
La pugna por comprar Tubos Reunidos, una de las empresas más antiguas de la industria vasca, fundada en 1892, se enmarca en el proceso del concurso de acreedores solicitado voluntariamente el pasado mayo y declarado en junio.con sede en Amurrio , siendo la planta de Trápaga el activo de mayor atractivo para los inversores. Ahora, en la nueva fase que se abre, se conocerá si el interés de los inversores se mantiene tras conocer la situación financiera y patrimonial de la compañía y el precio que están dispuestos a pagar por ella.
El grupo, que se dedica a la fabricación y venta de tubería sin soldadura cuenta con cuatro plantas productivas . , frente a los 28,6 millones de beneficio obtenidos en el ejercicio anterior. El resultado estuvo condicionado en gran medida por el entorno geopolítico y macroeconómico y, especialmente, por la política arancelaria estadounidense.
EY, subrayó que “la eliminación de las cuotas y exenciones al acero y aluminio en 2025 ha tenido como consecuencia una caída drástica de las importaciones de tubo sin soldadura en Estados Unidos . Este efecto ha sido especialmente negativo en el segundo semestre, cuando el incremento del arancel al 50% ha reducido significativamente el acceso a dicho mercado”. Las pérdidas continuaron en el primer semestre de 2026, llegando a los 88,2 millones de euros.
Frente a la caída de actividad por la reducción de pedidos a partir del segundo trimestre de 2025, el grupo aplicó expedientes de regulación temporal de empleo en las plantas de Amurrio e Iruña de Oca. A ello se sumaron los paros intermitentes de producción y la huelga indefinida convocados en la planta de Amurrio en protestar por el intento de convertir la medida temporal en un expediente de regulación de empleo , que afectaría a más de 280 empleados, y que quedó suspendido por el administrador concursal.
Además, Tubos Reunidos acumuló en 2025 una deuda financiera neta de 264,2 millones de euros. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es el principal acreedor, con alrededor de 150 millones de euros pendientes de pago, derivados del préstamo de 112,8 millones concedido en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria de la covid-19, más intereses de demora.
A la complejidad financiera se añade el foco judicial puesto sobre la empresa a raíz de ese rescate. La Audiencia Nacional investiga, en el marco del denominado.
En concreto, el juez Santiago Pedraz trata de esclarecer si la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo del exdirigente socialista Santos Cerdán, utilizaron su influencia para intervenir en el auxilio financiero.en Amurrio y Bilbao para recabar información relacionada con el rescate y con la forma en que la empresa debía amortizar la deuda contraída con el Estado.
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