La decisión de Hacienda de aplicar el IRPF a los trabajadores que perciben el SMI ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la falta de comunicación y la postura de Hacienda, mientras que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defiende la medida por su impacto en la recaudación de servicios públicos.
La decisión de Hacienda de aplicar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional ( SMI ) ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición . La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo , Yolanda Díaz, ha criticado la falta de comunicación en el Ejecutivo, asegurando que ni ella ni su equipo fueron informados de esta medida antes de que se hiciera pública.
'No puedo revelar el contenido del Consejo de Ministros, pero este debate no existió', ha afirmado Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. La ministra ha explicado que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación, después de que Hacienda anunciara que los trabajadores que perciban el SMI, que tras la última subida alcanza los 1.184 euros mensuales en catorce pagas, tendrán que tributar en el IRPF. Este choque de posturas evidencia una discrepancia importante dentro del Gobierno con respecto a la tributación del SMI, especialmente entre las vicepresidencias que dirigen las áreas económica y fiscal. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pedía hace unos días a Díaz hacer 'pedagogía fiscal', argumentando que la recaudación es necesaria para sostener los servicios públicos. 'Todo no se resuelve con una bajada de impuestos', declaró Montero, subrayando que no se puede estigmatizar la tributación. La titular de Trabajo ha respondido hoy que, si bien hay que hacer pedagogía fiscal en España, la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos. 'La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo', ha afirmado, poniendo el ejemplo de que en España una peluquera tributa al 17,5% mientras que algunas grandes corporaciones apenas pagan un 3,8%.La aplicación del IRPF a los trabajadores que perciben el SMI supone un cambio relevante, ya que hasta ahora estas rentas estaban exentas de tributación. Díaz ha defendido que esta exención debe mantenerse, ya que afecta a los trabajadores con menores ingresos. 'Queremos que quien más tiene aporte más y que las rentas salariales de 16.500 euros anuales sigan exentas, como lo han sido hasta ahora', explicó la ministra de Trabajo. En contraste, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha respaldado la postura de Hacienda, destacando que la recaudación tiene un fin social. 'Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y mejorar los servicios públicos de los que todos hacemos uso', ha señalado.
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