Sánchez busca anular condena y obtener indulto por auditorio de Puerto Lumbreras

Pedro Antonio Sánchez, exgobernador de Murcia, ha solicitado la anulación de su sentencia de 3 años de prisión y 17 años de inhabilitación, argumentando que no existe peligro de reincidencia. El caso se refiere a la manipulación de contratos para obtener fondos públicos para el auditorio de Puerto Lumbreras.

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez pide anular su condena y solicitará un indulto El exmandatario condenado por delitos de prevaricación y falsedad argumenta que"no hay peligro de reincidencia", ya que desde hace años no ostenta ningún cargo público.

Según han informado fuentes de su defensa, la Audiencia Provincial de Murcia ya ha sido informada de la presentación del escrito al Supremo, que el pasado 24 de septiembre confirmó la condena impuesta en marzo de 2023 por los citados delitos, cometidos en elen la etapa en la que el exmandatario regional fue alcalde.

La Audiencia Provincial de Murcia ha sido informada este jueves de la solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo, a la vez que le han puesto en conocimiento de su intención de presentar unEl Supremo confirma la pena de inhabilitación al expresidente de la Diputación de León por 'Púnica'de 3 años de prisión, 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, y multa de 3.600 euros.dimisión de Pedro Antonio Sánchez en abril de 2017, giró en torno a la tramitación del proyecto del auditorio municipal de Puerto Lumbreras que se puso en marcha en 2006 y cuya financiación corrió a cargo de la Comunidad Autónoma, que costeó las obras con una subvención de seis millones de euros.

No fue el único caso judicial en el que se vio envuelto el expresidente autónomico: también fue investigado por su etapa como alcalde en elEl Supremo confirma tres años de cárcel para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, encargó verbalmente, y sin previo expediente de contratación, a un arquitecto la redacción de proyectos que permitieran solicitar la subvención, si bien aquellos textos no tuvieron entrada en el registro del Ayuntamiento. El Supremo confirmó también la condena al arquitecto, Martín Lejarraga, a 16 años y medio de inhabilitación, y a 15 años y medio a la secretaria del Ayuntamiento, si bien insta a concretar los cargos para los que está inhabilitada.

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