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El rechazo de Junts, PP y Vox a los decretos de vivienda agrava la crisis de alquiler en España, con precios un 70% más altos en cuatro años y alquileres un 45% superiores.
El rechazo de Junts, PP y Vox a dos decretos de vivienda en el Congreso ha culminado años de regulación atascada y confrontación política en torno al alquiler, los desahucios y los grandes tenedores. La votación, que tuvo lugar en el Congreso, supone un nuevo obstáculo para abordar la crisis de vivienda en España. Los decretos buscaban regular los alquileres temporales, gravar los pisos turísticos y elevar su IBI.
Contexto de la Ley de Vivienda de 2023
La Ley de Vivienda de 2023, aprobada con 176 votos, introdujo límites a las rentas y zonas tensionadas, pero su aplicación ha sido limitada: sólo cinco comunidades las han declarado. Esta ley supuso un punto de inflexión en la regulación estatal de la vivienda, en la antesala de unas elecciones, como ahora. Apenas dos meses antes de las municipales y autonómicas, y a tres meses de las generales de julio. La ley estuvo abocada al fracaso, no sólo por no convencer a las CCAA. Dejaba además la puerta abierta a saltarse el control de las rentas de los alquileres mediante los grandes tenedores.
En las autonómicas de mayo de ese año, el PP se hizo con el control mayoritario de once comunidades autónomas y el PSOE quedó sólo con dos. La nueva legislatura partía con muy malas perspectivas para una ley que ninguna comunidad popular estaba dispuesta a aplicar. Los primeros límites a los arrendadores y los desahucios vienen de 2019, en un decreto que está aún en vigor.
Impacto en el mercado del alquiler
Los decretos fallidos buscaban regular los alquileres temporales, gravar los pisos turísticos y elevar su IBI, pero generaban incertidumbre entre pequeños propietarios y temor a menor oferta. Con los precios de la vivienda un 70% más altos en cuatro años y los alquileres un 45%, siguen bloqueadas medidas para ampliar suelo y construcción, incluida la Ley del Suelo. El rechazo en el Congreso ha generado un debate político y social grave, en el que se ha hablado de pequeños propietarios, grandes fondos de inversión, caída de la demanda del alquiler o el valor social de la vivienda.
Feijóo pide elecciones y culpa al Gobierno del fracaso de los decretos, afirmando que no eran para salvar a Maricarmen, sino a Sánchez. Sánchez pide a los partidos que apoyen los decretos de vivienda por pura humanidad y dejen de lado la ideología. La tasa de referencia para subir alquileres, los pisos de los grandes tenedores o las causas determinantes de los desahucios han dado paso en el último año a un debate mucho más marcado que tras la Ley de Vivienda.
Bloqueo de medidas y proyectos legislativos
Sólo una proposición salió del Gobierno, en junio de 2024, para alargar el plazo de los lanzamientos de vivienda, y sigue en prórrogas de enmiendas desde entonces. Otra del PSOE para impulsar alquileres asequibles está en toma en consideración. El PP metió en el Congreso su propuesta propia para modificar la Ley del Suelo y promover vivienda, pero también está bloqueada en el Congreso para su consideración, sin ánimo de ponerla en marcha. Además, hay trabas administrativas que Estado, CCAA y Ayuntamientos se ponen entre sí para liberar el suelo, agilizar licencias y generar mercado.
Los expertos advierten sobre el decreto Maricarmen: los propietarios decidirán no poner sus viviendas en alquiler. Las acampadas y manifestaciones surgidas por toda España son la imagen de la fuerza que desde el ala izquierda de la política se le quiere dar a ese concepto. Se necesitan casi medio millón de pisos al año, tanto protegidos como en el mercado libre. Sólo se necesitan las condiciones administrativas y económicas necesarias para ello, que nunca llegan. Esa ha sido una de las asignaturas pendientes del Gobierno socialista en todos los años que lleva en Moncloa. Pero también frenar el exceso de impuestos que gravan la construcción primero, y la compraventa de pisos.
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