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Tras el fracaso parlamentario de los dos proyectos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, miles de ciudadanos se han movilizado en más de 50 ciudades españolas y el sindicato de inquilinos apunta a una huelga general. La reunión de los ministros de Sumar se prepara para discutir un posible adelanto electoral y la definición de la nueva política de vivienda.
El debate sobre la vivienda en España ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política y social tras la reciente salida del Congreso de dos importantes decretos-ley de viviendas propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En la jornada del viernes se produjo la silenciosa y definitiva falta de apoyo a los dos proyectos, con votaciones de 178 contra 172 y 184 contra 166, respectivamente. Este revés ha generado una intensa e inesperada reacción en la ciudadanía, que ha manifestado en más de cincuenta ciudades, en un globo de movilización sin precedentes. Los protestantes se han congregado en plazas, calles y monumentos emblemáticos.
Movilización por el derecho a la vivienda
En Madrid los movimientos se concentraron en la emblemática plaza de Cibeles, donde cuatro grandes columnas de la gente convergieron en una sola expresión de que el derecho a la vivienda es inalienable. Entre las voces más destacadas de la generación que exige cambios la figura de Valeria Racu, portavoz del sindicato de inquilinos que ha pasado por la política de un año en la Puerta del Sol, recién expulsada de su sitio y desacreditada por su desafío a la estructura de poder.
Racu, en los últimos días, ha emergido como uno de los rostros más visibles de la nietá ya familiar, al exigir un compromiso real por parte del gobierno. Con tono irónico, relata su anhelo de volver a la normalidad: "Tengo ganas de volver a mi oficina, a mis tareas del día, a contar los números en un excel y a mandar boletines", mientras se mantiene firme en su convicción de que la huelga general por la vivienda es la única salida.
Para los líderes del movimiento la votación parlamentaria, aunque decisiva, no es el punto culminante. El sindicato de inquilinos, junto con otras organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, se está organizando para provocar un paro que se extienda por todo el país. Sus planes están en fase de coordinación con sindicatos y coaliciones locales, que desean desenfrenar una huelga de carácter nacional para obligar a la Junta General de los diputados a repensar la legislación.
El Gobierno busca soluciones reales
El movimiento ha anunciado su intención de convocar una petición masiva y de dar una fecha tentativa para la huelga, a fin de prepender la presión a los líderes del país. Dentro de los nueve minutos de la rueda de prensa que han convocado las figuras del gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Viceprimer Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la ministra de Sanidad, Mónica García y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han enfatizado la necesidad de que el Gobierno trabaje como siempre lo ha hecho en el sector con soluciones reales, como la mejora de los ingresos de los vecinos y la fase de oficialización de las viviendas.
Hacen referencia a la sorprendente figura del Frente de Acción para una Ciudadidad Decente que ofrece una alternativa concreta para la entrada de ciudadanos de traslado. Al mismo tiempo, el equipo de Sumar, uso de la fuerza que repite la palabra **¡Suficiente! **, ha solicitado la atención de los diputados ante la posibilidad de un adelanto electoral para aprobar la política de vivienda en breve.
El Congreso ha optado por la suspensión de los dos decretos del gobierno, la vivienda se convierte en un punto central del debate, y la dirección general se mantiene con la gran incertidumbre sobre un posible 10 de noviembre. La reunión de alto nivel, con la presencia de los cinco ministros de la coalición con el PSOE, se ha programado para este domingo, a partir de las 12.30 horas.
Reforma profunda contra la especulación
Dentro de la agenda del encuentro, se incluyen discusiones con las organizaciones sindicales y la revisión de la situación de la vivienda en España, en plena lucha por crear nuevas políticas que eviten la especulación. Las filas se están reuniendo para confirmar un plan de actuación conjunta ante la dispersión contada que favorece a ciertas zonas rurales del interior y postula que la vivienda sea un derecho accesible, sano y constante.
El drama de los avalos municipales, la taquilla y el embotellamiento de la venta de vivienda le han puesto en la agenda prioritaria del Gobierno. Los ciudadanos y los asociados del partido Nopee, que se han organizado con la ideología de la igualdad, la creación de un sistema sólido de hogares en un espacio sostenible y la promoción de políticas de vivienda digna, tiran la causa y se piden política.
La presión sobre los políticos que ofrecían soluciones ha aumentado con la aparición de protestas y los avales de sindicatos que ejercen su derecho. La población se está transformando en un actor en la defensa del valor de la vivienda, crítico, aunque que se unashetoto. En un eseculado se está desempeñando la parte del gobierno, la legislatura y la política.
Al fin y al cabo, la situación de la vivienda se ha convertido en una guerra de la sociedad para conquistar el futuro. El compromiso es de una reforma profunda y la esperanza de que la política de los diputados haya de llevar a cabo ese objetivo extraordinario y recuperando el riesgo, sin caer en las relaciones que han venido a surgir de los países y los funerales que se han dado en el debate, el retrodado por que en la oficina del gobierno que lo cierre enun de manchas y lo resume.
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