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Miles de personas marchan en toda España para exigir protección para los inquilinos tras el fracaso del gobierno de Pedro Sánchez en aprobar una ley de vivienda de emergencia.
Miles de personas han salido a las calles en toda España para exigir una mayor protección para los inquilinos después de que el gobierno no lograra aprobar el viernes en el Parlamento una legislación de emergencia para atajar la crisis de vivienda que atraviesa el país. Este sábado estaban previstas unas 50 marchas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santiago de Compostela, Zaragoza, A Coruña, Alicante, Santander y Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.
Protestas en Madrid y otras ciudades
Una de las mayores manifestaciones ha tenido lugar en Madrid. Según los organizadores, alrededor de unas 500.000 personas han participado en la protesta, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó la cifra a unas 70.000. Cuatro movilizaciones han recorrido las calles y avenidas de la capital española bajo el lema hacia la huelga general.
En Valencia, la manifestación terminó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía cerca del Palau de les Arts Reina Sofía, que acogía una cumbre inmobiliaria. Varios manifestantes retiraron las barricadas y arrojaron objetos a los agentes, quienes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos, según medios españoles. La cadena pública RTVE indicó que nueve policías resultaron heridos y cinco personas fueron arrestadas.
Un portavoz del Sindicato de Inquilinos de Valencia declaró que hay mucha rabia en las calles. En Madrid, no se registraron incidentes de consideración pese a la multitudinaria participación.
Contexto de la crisis de vivienda
Las medidas presentadas el viernes por el gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez se produjeron tras la indignación pública por el desalojo de su vivienda de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, después de que no pudiera afrontar un fuerte aumento del alquiler. Aunque días después se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble para que la jubilada pueda regresar a su casa, el caso desencadenó protestas en toda España.
Los manifestantes exigen alquileres más bajos, el fin de los desalojos y la prohibición de que los fondos de inversión, conocidos como fondos buitre, compren propiedades. La derrota sufrida por Sánchez el viernes en el Congreso aumenta las especulaciones sobre una eventual convocatoria a elecciones generales anticipadas. Los comicios deben celebrarse a más tardar el próximo verano boreal.
El primer decreto incluía la suspensión de los desalojos de los inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados fondos buitre.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid afirmaron que, si bien las medidas propuestas por el gobierno eran insuficientes, su rechazo por los diputados agrava la crisis de la vivienda que está costando la vida a la clase trabajadora; y, por ello, amenazaron con una huelga general.
Llamados a la huelga general
Valeria Racu, portavoz de la organización, declaró que para conseguir acabar desde abajo con el negocio de la vivienda quieren rescatar esa herramienta histórica que siempre ha utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad: la huelga general. Racu aseguró que ya se ha puesto en contacto con los grandes sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para organizar el paro.
Muchos de los manifestantes han salido desde la Puerta del Sol, donde desde hace días decenas de personas se mantienen acampando. David, uno de los acampados, dijo a la estatal RTVE que no están allí por placer ni comodidad, sino por convicción. Marcos Sainz, un bibliotecario de 26 años, declaró a la agencia de noticias AFP que antes compartía un piso de dos habitaciones con amigos, pagando 900 euros (US$1.013) al mes de alquiler. Hoy en día, según él, un piso de una habitación suele costar 1.000 euros (US$1.125). Sainz afirmó que seguiría protestando contra los incrementos de los alquileres hasta que alguien se atreva a regularlo todo, pues de lo contrario todos tendrán que irse de Madrid.
Reacciones políticas y sindicales
La movilización se produce en un contexto de creciente tensión política. El gobierno de Pedro Sánchez ha visto cómo su decreto de emergencia era rechazado en el Congreso, lo que ha llevado a los sindicatos de inquilinos a exigir medidas más contundentes. La posible convocatoria de elecciones anticipadas planea sobre el escenario político, mientras las protestas continúan en varias ciudades.
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