Primer desahucio paralizado por los nuevos decretos de vivienda y presión del Congreso

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Primer desahucio paralizado por los nuevos decretos de vivienda y presión del Congreso
Desahucios, Decretos Ley De Vivienda, Congreso De Los Diputados

El desahucio de una vecina en Sant Andreu fue el primer caso detenido tras la entrada en vigor de los decretos ley de vivienda. La medida se activó bajo la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto-ley 26/2026 mientras el Congreso evalúa la ratificación de las normas, proceso que Junts condiciona a la inclusión de sus demandas. La presión social del Sindicat de Llogateres también ha conseguido frenar otros lanzamientos durante la semana.

Los decretos habían empezado a frenar desahucios mientras miles de familias miran al Congreso:"Se vota a favor de la vida o de la especulación" El desahucio de Macarena, previsto para este jueves, ha sido el primero en ser paralizado tras la entrada en vigor de los decretos ley de vivienda.

Las normas deberían ratificarse este viernes en el Congreso de los Diputados, pero Junts tumbará las medidas si no se recogen sus demandas. A lo largo de la semana la presión social también ha conseguido paralizar varios desahucios.los decretos ley que han entrado en vigor esta semana y que ahora Junts pide retirar para que se incorporen sus demandas antes de ser ratificados en el Congreso.

Esta vecina de la localidad catalana de Sant Andreu tenía previsto su lanzamiento para el jueves a las 9.30 de la mañana. Sin embargo, minutos antes de la hora prevista, con un centenarDesde el Sindicat de Llogateres explican que el miércoles, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado el primero de los decretos, solicitaron la suspensión del lanzamiento, pero el juzgado no respondió antes de cerrar.

"frente a la casa de Maca", explican. , la paralización de la orden de desahucio se ha producido de acuerdo con"la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto-ley 26/2026 de 29 de septiembre" por el que se"adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

" Se trata de una medida temporal hasta que el tribunal resuelva mediante auto. Al parecer, habría llegado a un acuerdo verbal con el propietario, a quien pagaba mensualmente 750 euros en efectivo, por lo que carecía de un contrato en vigor. El de este jueves era su segundo intento de desahucio.

El primero, el pasado mes de julio, tampoco se efectuó debido al apoyo social. en caso de acreditarse la vulnerabilidad del inquilino y si este no dispone de una alternativa habitacional. Los problemas entre inquilina y propietario comenzaron a los dos años de instalarse esta última en el piso. Macarena intentó empadronarse en el domicilio y, según su versión, el casero le subió cien euros la renta. En 2024, cuando pidió formalizar su contrato, se inició el proceso judicial.

Desde el Sindicat denuncian que en estos años Macarena ha sufrido"acoso y chantaje, llegando a bajarle al mínimo la potencia eléctrica".

"Este caso ejemplifica la situación de muchas personas que, pese a llevar años viviendo en su casa, se enfrentan aJunto con esta noticia, se van conociendo más desahucios que han podido paralizarse gracias al decreto. El jueves por la tarde, que ha adelantado el caso, explica que se está investigando como un caso de suicidio previo a la orden de desahucio.

Hace apenas una semana se hacía público queEl abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que es previsible que vayan presentándose solicitudes de suspensión progresivamente, ya que se tendrá que estudiar caso por caso. Lo más habitual cuando se aprueban este tipo de medidas es que se desarrollen modelos genéricos que los afectados puedan poner a disposición de sus abogados, igual que sucede con la prórroga de dos años del contrato de alquiler.

"Se pueden empezar a enviar ya escritos a los juzgados solicitando las suspensiones con base en el decreto ley, aunque veremos qué se vota este viernes ", confirma. Esta segunda medida será también fundamental para evitar que nuevos inquilinos se vean envueltos en procesos judiciales que puedan acabar con su desahucio.

De momento, desde los sindicatos y las plataformas provivienda están valorando los procesos que podrían paralizarse en base a esta medida y,Así lo tiene previsto, por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas de Asturias. Precisamente en esta región consiguieron aplazar la orden de desahucio por impago de una mujer reconocida como víctima de violencia de género en Gijón. La afectada convive con su hija de nueve años y tenía que haberse marchado de su casa —de titularidad pública— esta semana.

También desde la asociación malagueña de Derecho a Techo trabajan para dimensionar el alcance del decreto. De momento creen que podría ayudar a buscar una solución para.

"Están esperando la comunicación del lanzamiento de un momento a otro y esta sería su única alternativa", explican. Esta misma organización está tratando de evitar que un par de mujeres mayores se vean en las próximas semanas en la calle. El sindicato de vivienda de la provincia está estudiando una veintena de casos que podrían acogerse al decreto.desde Stop Desahucios Murcia recuerdan el inminente desahucio de una mujer de 93 años en la región.

Su lanzamiento está previsto para el día 13 de octubre, por lo que habría margen para evitar que se produzca. Se trata de una persona dependiente y que padece alzhéimer, según explican. En La Rioja o Alacant también trabajan junto a los abogados de las personas afectadas para actuar cuanto antes.

La fuerte movilización social surgida tras el desahucio de Maricarmen, que continúa hospitalizada,a escasos metros de la acampada de la Puerta del Sol , fue paralizado gracias a que decenas de personas se trasladaron hasta la calle y evitaron el avance de los furgones policiales hacia el portal. De momento, ha sido aplazado hasta el 14 de octubre, aunque este caso, como muchos otros, está pendiente de lo que suceda este viernes en el Parlamento..

La presión en la calle y los medios de comunicación consiguió ganar algo de tiempo. En caso de que las administraciones no encuentren una alternativa habitacional adecuada, podría intentar acogerse al decreto. La mujer pedía un año para buscar otro alquiler en el barrio y no perder el arraigo. También fue la movilización de decenas de personas la que consiguió este martes que una familia murciana se quedara en su casa.

Un matrimonio con dos hijos menores, además de un tercero con discapacidad, se enfrentaba a un lanzamiento tras haber estado pagando el alquiler a un expropietario que no les había notificado la venta del inmueble. Tanto Stop Desahucios, como el Sindicato de Vivienda de la zona acudieron en apoyo a los afectados, que están tratando de comprar el inmueble al fondo de inversión que actualmente tiene su posesión.

Daniel González, un investigador de la Universitat de València que ha estado a punto de perder su casa en Burjassot. Lleva desde 2009 residiendo en este domicilio, del que, si nada cambia, será desahuciado la próxima semana. Como en los casos anteriores, la paralización se conoció tras concentrarse decenas de personas en la puerta de su casa. En los días previos se habían organizado acciones de protesta para intentar evitar que González se viera en la calle.

, este martes se pudo frenar el lanzamiento de una mujer con metástasis y dependencia severa en Granadilla de Abona, Tenerife. Desde Amnistía Internacional y el Sindicato de Inquilinas de la isla han celebrado la suspensión temporal, que consiguieron tras convocar a dos centenares de personas frente a la Subdelegación del Gobierno ese mismo martes en solidaridad con esta mujer y con Maricarmen.

"Es una pequeña victoria en tiempo récord que hemos conseguido gracias a laNo corrió la misma suerte una familia con un miembro con una discapacidad reconocida del 95% en Mataró. Ese mismo día, a pesar de las protestas,. El Ayuntamiento había pedido unos días de margen para buscar una alternativa habitacional adecuada.

Apenas 24 horas antes, Zaira, una vecina de la localidad madrileña de Vicálvaro, también se vio obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía una década. Contaba con un 65% de discapacidad física reconocida y tenía hijos a su cargo.

Ambos casos podrían haberse acogido a la normativa que entró en vigor pocos días después.se tienen que cumplir dos requisitos principales para que un juez permita la aplicación de la medida antidesahucios : se tiene que acreditar vulnerabilidad y no debe haber una alternativa habitacional.

"Conociendo cómo los jueces han aplicado el escudo social de 2020, que solo se aplicaba en un 30% de las situaciones, al poner más requisitos, puede complicarse. ", advierte. El jurista pone el ejemplo de la agencia de vivienda madrileña.

Según su experiencia, en estos procedimientos la alternativa habitacional que se suele ofrecer es un albergue para uno o dos meses, y"es probable que más de un juez entienda que si se ofrece esto hay que seguir adelante con el desahucio". La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha exigido a los parlamentarios que saquen adelante los dos decretos.

Se ha dirigido directamente al Partido Popular y le ha planteado si"van a estar del lado de la estabilidad de las familias" o"de la especulación" de los rentistas. Para la portavoz solo existen dos alternativas:"Votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación".

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