El Gobierno de Pedro Sánchez suma varias derrotas parlamentarias en 2026, con la caída de decretos de vivienda, el escudo social y la senda de estabilidad, en un contexto de presión judicial y social.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enfrentado múltiples derrotas en el Congreso a lo largo de 2026, entre las que destacan la reciente caída de dos decretos de vivienda. Estas derrotas se suman a un contexto de presión judicial sobre el entorno del PSOE y de protestas sociales por la crisis de la vivienda.
Caída del escudo social y decretos de vivienda
El año 2026 comenzó con la caída del escudo social, un conjunto de medidas para proteger a familias vulnerables frente a la subida de precios. En febrero, fracasaron la moratoria de desahucios y la limitación de precios en emergencias. En abril, se rechazó la prórroga de alquileres, que pretendía prorrogar determinados contratos y limitar las actuaciones de rentas. Además, el decreto de lobbies también fue tumbado.
Recientemente, cayeron dos decretos de vivienda: el de mínimos que ampliaba la protección frente a los desahucios y buscaba contener la especulación, y el que modificaba las reglas de los contratos de alquiler. Estas medidas formaban parte de la agenda social del Ejecutivo.
Rechazo de la senda de estabilidad
En julio, la senda de estabilidad fue rechazada dos veces, el paso previo para preparar los Presupuestos. El 14 de julio se registraron 178 votos en contra, y el 23 de julio, 176 votos en contra. Este rechazo complica la elaboración de las cuentas públicas.
La senda de estabilidad es un documento clave que fija los objetivos de déficit y deuda para las administraciones públicas. Sin su aprobación, el Gobierno no puede presentar unos Presupuestos Generales del Estado con normalidad.
Presiones judiciales y sociales
A estas derrotas parlamentarias se suman presiones judiciales sobre el entorno del PSOE, lo que complica aún más la situación del Ejecutivo. Además, se han producido manifestaciones por la vivienda en directo, con protestas que se multiplican por la crisis de la vivienda y llamamientos a la huelga general.
En este contexto, Sánchez ha reflexionado en privado sobre un posible adelanto electoral tras el fiasco del efecto Maricarmen en el Congreso. Ricardo Alonso, de Urbagestión, explicó que Maricarmen ha estado 20 años sin un contrato de arrendamiento válido y vigente.
Por otro lado, el G7 acordó liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel en cuatro meses para bajar los precios. En el ámbito judicial, se produjo un giro en el caso de Ana Buza: la fiscal pide también la absolución ante la desolación de la familia que reclama 20 años para el exnovio.
El Gobierno enfrenta así un panorama complejo, con múltiples frentes abiertos en el Congreso, en los tribunales y en la calle, mientras trata de sacar adelante su agenda legislativa.
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