El poco apoyo en el sector y en el Gobierno o las complejidades legales están detrás de que esta medida se vaya al traste.
está en que sean ellos los que acaben pagando los acuerdos de precios con algunos productos e incluso que se llegue a incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.
Es decir, dejan a la buena fe de las grandes empresas asumir los costes de esa congelación o limitación de precios en determinados productos. Algo que, además, sería un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, este plan tiene muchas lagunas y el campo no se fía. Sin embargo, la misma supuso una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo.Pero más allá del rechazo sectorial y político, la vicepresidenta se ha encontrado con otras trabas. Desde que propuso topar precios,. El primero de ellos fue el ministro de Agricultura.
advirtió de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley. De hecho, alertó de que encarecerá más aún la cesta de la compra.en relación a la libertad de precios, establece que los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal competencia.