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El contexto: Macarena afrontaba su segundo intento de desahucio, pero ha podido frenarlo gracias a las nuevas medidas que buscan evitar que personas sin alternativa habitacional se queden en la calle.
El caso de Maricarmen ha impulsado la paralización de desahucios, como el de Macarena en Sant Andreu, Barcelona. Macarena, de 37 años, enfrentaba su segundo desahucio tras un acuerdo verbal de alquiler que derivó en conflicto con la propiedad.
Su situación se complicó por problemas de salud mental y falta de alternativas habitacionales. El desahucio fue suspendido gracias al decreto Maricarmen. Otro caso similar ocurrió cerca, donde se paralizó el desahucio de una pareja con cuatro hijos. En Granada, Jesús y Laura, con tres hijos, buscan un alquiler social, enfrentándose a la negativa de una empresa de vivienda.quienes intentaban evitar que volviera a quedarse sin casaSu historia comenzó en 2017, cuando acordó verbalmente.
Con el tiempo, el precio fue aumentando y, según el Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Macarena pidió en varias ocasiones que aquel contrato verbal quedara formalizado. La situación, denuncian desde el sindicato, terminó derivando en un conflicto con la propiedad.
"Derivó en", explica Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña. Macarena se encuentra además en una situación de vulnerabilidad, debido a sus problemas de salud mental y a que no dispone de una alternativa habitacional.
La suspensión tiene un significado especial después de la polémica generada por el caso de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio se convirtióy que acabó impulsando nuevas medidas de protección frente a los lanzamientos:"Es el primer desahucio que tenemos constancia que se ha suspendido por el decreto Maricarmen", asegura Aragonès. Y el caso de Macarena no fue el único.
Apenas una hora después y a escasos metros, los movimientos por la vivienda consiguieron paralizar otro desahucio: el de una pareja con cuatro menores a su cargo. Marta Espriu, portavoz de COSHAC, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, explica que la familia cuenta con un informe que acredita unaDos casos, en apenas unas horas, en los que la aplicación de las nuevas medidas ha permitido frenar los lanzamientos.
A cientos de kilómetros de Barcelona, en Granada,llevan años viviendo con sus tres hijos en la que fue la casa de la abuela de la familia, fallecida en 2017.de vivienda de la Junta de Andalucía. También piden una solución habitacional estable, en concreto, un alquiler social que, según denuncian, la empresa no estaría dispuesta a negociar. Jesús resume su petición en una frase:"Simplemente pedimos un alquiler, no pedimos nada más".
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