El gobierno español se enfrenta a la difícil tarea de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, dependiente de los votos de varios partidos políticos. La fragmentación parlamentaria obliga al gobierno a negociar con socios como Junts y ERC que plantean condiciones para su apoyo, especialmente en temas como inmigración y fiscalidad catalana. La aprobación de los presupuestos se ve complicada por las demandas de estos partidos y la búsqueda de soluciones legales que satisfagan a todos los involucrados.
La fragmentación parlamentaria que caracteriza a la política española obliga al Gobierno a hacer permanentemente encajes de bolillos cuando se enfrenta a cualquier negociación, pero la de los Presupuestos Generales del Estado resulta paradigmática.
Dependiente de los votos en el Congreso de hasta siete formaciones políticas distintas, además de PSOE y Sumar, el Ejecutivo se prepara para abordar la catarata de peticiones que sus socios parlamentarios ponen encima de la mesa a cambio de apoyar unas cuentas sobre las que los socialistas mantienen intacto su optimismo a pesar de las dificultades. De hecho, algunos de esos socios, como Junts y ERC, frenan cualquier impulso a los Presupuestos hasta que no se produzca el desbloqueo de las conversaciones sobre las competencias en inmigración y sobre la fiscalidad catalana, respectivamente. Dos de los compromisos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. En el Partido Socialista están convencidos de que el horizonte de la legislatura, en cualquier caso, se ha despejado en las últimas semanas tras superar la última crisis con Junts. El acuerdo sobre la cuestión de confianza y sobre el decreto de las pensiones y las ayudas al transporte desencalló una situación de bloqueo entre ambas formaciones que había dejado al Gobierno en minoría parlamentaria en varias votaciones. Y confían en la Moncloa en que ese impulso sirva para poder abordar de una vez los ansiados Presupuestos. Desechada la hipótesis de una moción de censura de Junts junto al PP y Vox, en el Ejecutivo tienen claro que la apuesta de Carles Puigdemont y los suyos pasa por mantener en pie la legislatura, aunque pida un alto precio como recompensa. Y por eso en las reuniones en privado que mantienen de forma recurrente las cúpulas de los dos partidos, el PSOE traslada la necesidad de aprobar al menos unos Presupuestos que den estabilidad política y permitan, además, desplegar las reformas pendientes. Pero superados un sinfín de escollos, Junts vuelve a poner condiciones para ello. “Queremos que la Generalitat sea la institución de referencia absoluta para cualquier persona inmigrada que viene a Catalunya, tanto en derechos como en deberes”, defendió esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en TVE. “Es la diferencia entre tener una gestión integral o no tenerla. No tiene sentido que tengamos capacidad para hacer todos los expedientes sancionadores menos el más grave, que es la expulsión”, añadió. Y los independentistas catalanes reclaman que esa negociación tenga luz verde antes de sentarse a hablar de Presupuestos. Como adelantó elDiario.es, la salida a ese nuevo órdago de Junts no es sencilla porque el Gobierno descarta de plano ceder la gestión de los pasos fronterizos y de las expulsiones de personas inmigrantes a la Generalitat, y busca fórmulas legales para traspasar las competencias de acogida y para que los Mossos sí puedan tener un rol de acompañamiento a la Policía y la Guardia Civil. Una propuesta en la que hay implicados media docena de ministerios y que los socialistas trabajan con esmero para poder contentar a Junts sin rebasar los límites de la Constitución, que a juicio de todas las fuentes gubernamentales consultadas sobrepasa la propuesta de Puigdemont. Lo que está previsto es que la próxima semana se produzca un nuevo encuentro entre ambas partes para analizar el detalle de la propuesta, aunque en el PSOE admiten que es posible que el acuerdo aún tarde en concretarse. En paralelo, el Ejecutivo mantiene una interlocución constante con ERC. Las conversaciones con los republicanos respecto a los Presupuestos Generales del Estado tampoco han echado a andar de manera formal, según ambas partes. Y los republicanos, en permanente competencia política con Junts, exigen también el cumplimiento previo de los acuerdos pendientes, en especial el de la financiación singular para Catalunya comprometido a cambio de la investidura de Salvador Illa. Sumar: vivienda y permisos remunerados La coalición de Yolanda Díaz quiere aprovechar la negociación de presupuestos para impulsar algunas de sus principales banderas para el resto de la legislatura, una vez acordada con el PSOE su medida estrella, la reducción de la jornada laboral. Sumar ya enunció hace varios meses sus prioridades para estas cuentas, en un documento que presentaron sus cinco ministros centrado en tres grandes pilares: la política de cuidados, las medidas sobre vivienda y la reforma fiscal. Partes de este último punto ya se negociaron en el paquete que el Gobierno aprobó el año pasado, aunque quedó fuera hacer permanente el impuesto a las energéticas, que terminaron tumbado Junts y PNV, y otra figura importante para la coalición, que esperan poder retomar ahora, un impuesto a las grandes herencia
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