Tras el anuncio de Junts en la noche de ayer, todo apunta a que los dos decretos de vivienda que hoy se votan en el Congreso están destinados al naufragio, pero la redacción de...
El decreto no aclara cómo se controlará el precio al que fondos y empresas compran pisos. En la imagen, manifestantes en la Puerta del Sol.
La letra pequeña del decreto de vivienda: fondos 'buitre', desahucios, prórrogas y ayudasLos juristas califican el texto que vota hoy el Congreso de"demencial", al contener"conceptos jurídicos indeterminados" y no aclarar puntos clave como la regulación contra los fondos. , todo apunta a que los dos decretos de vivienda que hoy se votan en el Congreso están destinados al naufragio, peropor parte de expertos y agentes implicados, también en el plano legal.
, por lo que su eventual aprobación provocaría una oleada de litigios entre propietarios e inquilinos en cuestiones como las prórrogas a los alquileres o los límites a las subidas de renta, ante lo que era"un cambio en las reglas del juego a mitad de partido". También para los fondos de inversión y entidades dedicadas a la compra de vivienda para ponerla en el mercado del alquiler.
Sobre este asunto,, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la fundación Hay Derecho, señala que la definición que hace el decreto en su primer artículo -donde se establece la prohibición de comprar inmuebles hasta 2028 para"toda entidad con o sin personalidad jurídica que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles" y que adquiera vivienda por un precio inferior al 70% del valor de tasación-, socio director del despacho Morales & Asociados, señala las dudas que este punto genera en el plano legal.
"Hay mucha gente que ha estado ahorrando para hacer esa inversión y ahoraSin control a los fondos 'buitre' Otro de los puntos calientes del primer decreto, desde el punto de vista jurídico, es el descontrol que los expertos anticipan en el valor de tasación al que se venden las viviendas. Al respecto, Morales explica que el texto no recoge la fórmula que utilizará el Estado o los tribunales para valorar si una entidad compra viviendas para alquilar a un precio inferior al 70% de su valor de mercado y, por tanto, prohibirles su compra.
"Deberían crear algún sistema de comunicación entre los notarios y la Agencia Tributaria para que, con el valor catastral, hagan sus tasaciones", algo para lo que sería necesario"establecer algún tipo de nueva obligación para los fedatarios públicos". Sobre este asunto, Cuena constata el"problema práctico" que supondrá controlar si una entidad ha incurrido en los parámetros que el Gobierno ha utilizado para definir a un fondo especulativo.
"El precio de adquisición constará en la escritura, pero para saber si representa o no el 70% es imprescindible determinar previamente cuál es el valor de tasación de mercado de esa vivienda. La norma utiliza ese concepto, pero no establece un mecanismo completo para determinar qué tasación debe tomarse como referencia, quién debe aportarla y cómo debe efectuarse el control", explica.
Mayor inseguridad jurídica para propietarios e inquilinosconvierten la norma en"dudosamente constitucional por el maltrato al principio de seguridad jurídica y al derecho a la propiedad ", valora la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Un extremo que comparte Miguel Morales, quien anticipa un crecimiento de los litigios entre propietarios e inquilinos.
Todo ello, sumado a los efectos de la nueva regulación en la oferta de nuevos alquileres, cuya caída han venido avanzando en los últimos días tanto desde el sector inversor como los expertos en el sector, comomuchos propietarios retirarán los inmuebles del mercado
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