Alberto González Amador reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos de fraude con los que intentó evadir impuestos tras haber cobrado una comisión de casi dos millones de euros por vender mascarillas en lo más duro de la pandemia.
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Los otros 620.000 eran una supuesta contraprestación para que una empresa de México le abriera las puertas del mercado sanitario en ese país. Pero, durante la investigación, Hacienda acreditó que la factura nunca se llegó a pagar y que MKE Manufacturing no desarrolló ninguna labor comercial que permitiera a la pareja de Ayuso hacer negocios en México.
De hecho, la Agencia Tributaria no oculta su sorpresa por la forma en la que la sociedad de González Amador intentó evitar su responsabilidad fiscal. En primer lugar, dice, porque lo intentó solo con respecto a dos facturas supuestamente falsas, las que acumulan la inmensa mayoría del supuesto fraude fiscal investigado. Pero se dejó fuera el resto.
Esas explicaciones están en la documentación del caso y han sido repetidas recientemente por la Fiscalía. La defensa del propio González contactó con el Ministerio Público, reconociendo por escrito los dos delitos fiscales y solicitando un pacto. “”, dijo su defensa. La respuesta de la Fiscalía fue presentar la denuncia el pasado cinco de marzo.
En este caso, Hacienda explica Maxwell Cremona no aportó ni una sola prueba de lo que alegó en su descargo más allá de justificantes de viajes de avión. Además, las autoridades fiscales de México no encontraron tampoco una factura equivalente en los registros de ese país. En medio de ambas facturas sospechosas aparece la misma persona: Maximiliano Eduardo Niederer, representante de esas dos mercantiles.
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