El Ministerio Público justifica su oposición al auto en el que el magistrado exoneró a los máximos responsables y a las compañías, poniendo el foco en los 'indicios de la comisión' de delitos por parte de todos ellos y que, a su juicio, persisten
El Ministerio Público justifica su oposición al auto en el que el magistrado exoneró a los máximos responsables y a las compañías, poniendo el foco en los “indicios de la comisión” de delitos por parte de todos ellos y que, a su juicio, persisten
En ese momento el juez Manuel García Castellón decretó el sobreseimiento para sendas empresas, para Brufau, Fainé y también para los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y para el ex director general de Medios de CaixaBank, Antonio Masanell. Pero además, sostiene la Fiscalía, “como se ha verificado de manera indiciaria en el presente caso, la adjudicación en favor de CENYT fue aprobada por quien, atendiendo al importe, no tenía el nivel adecuado para hacerla”. “Además, se hizo la adjudicación sin la intervención de la unidad de compras y sin que el proveedor se encontrara previamente calificado.
Su violación supone, advierte la Fiscalía, “la infracción de los controles internos establecidos en la compañía para evitar la comisión del delito de cohecho”. “Y tales incumplimientos no fueron detectados por los controles de la compañía, poniendo de relieve, que, o bien no resultaban adecuados y eficaces, o bien, pese a ser detectados tales incumplimientos, se hizo caso omiso a su detección”, añade.
En la misma, Miguel Ángel Fernández Rancaño señaló que tras recibir de Villarejo los informes elaborados despachó esos temas con el propio Fainé “como un punto más de las reuniones que mantenían y dado que su inmediato superior, el director general de medios, Antonio Masanell Lavilla, así se lo había indicado previamente”.