Los abogados de José Luis Ábalos y Koldo García han calificado los contratos de mascarillas como impecables y han cuestionado la validez de las pruebas de la Guardia Civil en sus informes finales.
El proceso judicial que investiga las adjudicaciones de material sanitario durante la crisis del COVID-19 ha alcanzado un punto crítico con la presentación de los informes finales de las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García.
El abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha desplegado una estrategia basada en la legalidad absoluta de los contratos de mascarillas, calificándolos de impecables y asegurando que no existe ninguna irregularidad jurídica en su ejecución. Turiel ha sido especialmente enfático al señalar que las acusaciones sobre presuntos pagos mensuales de diez mil euros realizados por el empresario Víctor de Aldama al exministro y a su asesor carecen de cualquier base probatoria, afirmando que no hay rastro alguno de tales entregas de dinero en todas las actuaciones judiciales.
Según la defensa, el proceso ha estado contaminado desde sus inicios por una fuerte connotación política, sugiriendo que la compra de material sanitario era un asunto ya cerrado que solo volvió a abrirse sorpresivamente debido a una denuncia del Partido Popular de Madrid, que posteriormente se transformó en una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Turiel sostiene que se creó un relato paralelo donde Koldo García fue posicionado como un adlátere del ministro para justificar la implicación de Ábalos, impulsado por una auditoría del Ministerio dirigida por Óscar Puente que habría actuado como catalizador de la investigación actual.
Además de la vertiente política, el abogado ha denunciado graves deficiencias procesales relacionadas con la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ha lamentado que la defensa haya sido privada del acceso a los dispositivos electrónicos que sirvieron de base para los informes policiales, los cuales constituyen el esqueleto de la acusación.
Turiel ha subrayado que el Tribunal Supremo ya había indicado en un auto que se debía permitir el acceso a estas evidencias, pero que dicha solicitud fue denegada. Para la defensa, este ocultamiento tiene como objetivo evitar que se evidencie que se vulneró la inmunidad parlamentaria de José Luis Ábalos, ya que fue investigado antes de que el Congreso de los Diputados suspendiera dicho fuero.
Asimismo, ha criticado duramente el lenguaje utilizado por la Fiscalía, que ha hablado de colonización de la Administración por parte de una organización criminal basándose en tan solo dos contratos que, a juicio de Turiel, fueron perfectos. El abogado ha descrito esta situación como una maldición genérica que busca convertir al exministro en un personaje indeseable y corrupto ante el mundo entero sin pruebas sólidas que lo sustenten.
Por otro lado, la defensa de Koldo García, representada por la abogada Leticia de la Hoz, ha presentado un informe igualmente agresivo contra la metodología de la UCO. De la Hoz ha puesto en duda la objetividad de los investigadores, asegurando que la acusación contra su cliente se ha construido sobre valoraciones subjetivas y frases ambiguas en lugar de pruebas concretas.
Al igual que la defensa de Ábalos, ha negado rotundamente que Koldo García recibiera los diez mil euros mensuales de Víctor de Aldama y ha rechazado la idea de que su cliente formara parte de una organización criminal, sugiriendo que, en el peor de los casos, solo pasó de refilón por dicha estructura. La letrada ha señalado que quien realmente lideraba un grupo delictivo era Aldama, quien según ella ha ido adaptando su testimonio para encajar con el relato de la Guardia Civil.
De la Hoz ha denunciado que su cliente aún no ha recuperado todos los dispositivos incautados en febrero de 2024, lo que ha impedido contrastar el contexto de los mensajes que la policía utiliza para incriminarlo, llegando a declarar que han acudido al juicio como corderos al matadero. Finalmente, la defensa de Koldo García ha manifestado su rotunda oposición a que se aplique la atenuante muy cualificada por colaboración con la justicia a Víctor de Aldama, una petición respaldada por la Fiscalía y el Partido Popular.
De la Hoz ha calificado esta posible medida como un fraude de ley, argumentando que Aldama posee un ánimo espurio y que sus declaraciones están llenas de contradicciones. Según la abogada, la colaboración de Aldama no es genuina ya que la supuesta organización ya había dejado de existir en el momento de su confesión y no ha aportado luz real sobre otros integrantes.
Además, ha destacado que el empresario se embolsó más de tres millones de euros gracias a los contratos sospechosos y que no ha abandonado sus causas delictivas, por lo que no debería beneficiarse de una reducción de pena que podría permitirle evitar la prisión
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