La jueza concluye que manifestar el “deseo de que nada de esto hubiera ocurrido” no implica una declaración expresa de repudio del terrorismo. La justicia ha tumbado ya nueve terceros grados concedidos por el Gobierno vasco
Ainhoa Barbarín, a su llegada en marzo de 2006 a España tras ser extraditada por las autoridades francesas.La jueza de la Audiencia Nacional María Reyes Jimeno ha revocado el tercer grado penitenciario o semilibertad que la Consejería de Justicia del Gobierno vasco concedió el pasado octubre a.
Ainhoa Barbarin Yurrebaso, que fue detenida en Francia en 2002, cumple desde marzo de 2006 una condena en España de 25 años de cárcel por, entre otros delitos, pertenencia a banda armada y estragos. Participó en la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga, que fue desactivado, y otro en Salou , que causó 14 heridos en agosto de 2001. La extinción de su pena está prevista para marzo de 2031.
En la resolución judicial que ha devuelto a Barbarin al segundo grado penitenciario u ordinario, fechada el pasado 20 de febrero, la jueza detalla que la reclusa accedió a la semilibertad después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene lo acordara en julio, tras considerar que su pronóstico de reincidencia era “bajo” a la vista de su buena conducta, el apoyo familiar y el hecho de que tuviera una oferta laboral “contrastada”.
En su auto, la juez Jimeno hace ahora suyos los argumentos del ministerio público y considera que esa referencia “genérica” a las víctimas —”todos y todas los que con mi actividad sufrieron”— “no satisface las existencia legales de declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas concretas ni de petición expresa de perdón”. La magistrada sí considera esos textos “un paso adelante en la evolución” de la presa, pero “insuficiente”.
La jueza también critica el informe de la Junta de Tratamiento de la prisión de Martutene al considerar que parte de los informes recogidos en ella se limitan a “reproducir lo afirmado por la interna en sus escritos”. Y destaca que los últimos informes incorporados a su expediente penitenciario de la reclusa, cuando ya disfrutaba del tercer grado, ponen en duda la existencia de la oferta laboral en una “empresa rural ganadera”.
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