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La plaza 13 de lo Social de Valencia rechaza la demanda de UGT por supuesto amaño en la plaza de subdirección de gestión de dominio público del Puerto de Valencia al considerarla fuera de plazo.
La jueza de la plaza número 13 de lo Social del Tribunal de Instancia de Valencia ha desestimado la demanda presentada por la Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores ( UGT) contra la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por el supuesto amaño en el proceso selectivo para la plaza de subdirección de gestión de dominio público. La sentencia, que no entra a analizar el fondo del asunto, se basa en la caducidad de la acción al haber sido interpuesta fuera del plazo legal de dos meses desde la publicación de las bases.
Detalles del fallo judicial
Según la resolución, las bases se publicaron el 29 de abril de 2024 y el plazo para impugnar finalizó el 29 de junio de 2024. Sin embargo, la demanda se presentó el 26 de septiembre de 2024 en el Decanato de los Juzgados de lo Social, por lo que la magistrada estimó la excepción procesal de caducidad alegada por la entidad demandada y desestimó la demanda sin resolver sobre las demás pretensiones.
La plaza en cuestión fue adjudicada a B. F., quien tres meses después de acceder al cargo regresó a su anterior puesto en la empresa APM Terminals. El sindicato impugnó tres procesos selectivos, de los cuales ya se han celebrado los juicios correspondientes a las plazas de jefa de Gestión Económico-Financiera, adjudicada a A. G., y de subdirector de Infraestructuras, adjudicada a M. G., ambas exdirectivas del Consorcio Valencia 2007. En estos dos casos aún no hay fallo.
Testimonio clave en el juicio
En la vista celebrada el pasado 15 de septiembre, la exjefa de recursos humanos de la APV, E. O., declaró como testigo que las bases del proceso fueron redactadas por la presidenta Mar Chao en primera persona, lo que, según su testimonio, no era el procedimiento habitual. Afirmó que normalmente las bases se desarrollaban en el seno del tribunal y nunca por parte de la presidencia, siguiendo una directriz de obligado cumplimiento de Puertos del Estado que, en este caso, no se aplicó.
E. O. señaló que advirtió verbalmente a la presidencia en varias ocasiones y, al no obtener respuesta, lo hizo por correo electrónico. A su juicio, no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad, y las bases no fueron concebidas por el tribunal de selección, sino impuestas por la presidencia mediante un correo que urgía a constituir el tribunal y publicar las bases. También confirmó que no se debatió con el comité de empresa los motivos de la convocatoria, como era habitual.
Contexto de los procesos selectivos
Estos juicios son independientes de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís, que apunta a un posible proceso de subrogación encubierto para recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento. La investigación se centra en las plazas adjudicadas a A. G. y M. G.
El informe de la Intervención General del Estado, que cuestiona las bases de estas plazas, no fue aceptado como prueba en este procedimiento, aunque sí lo ha sido en los otros dos casos. El documento señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección contienen requisitos o méritos que predeterminan al candidato seleccionado, lo que podría vulnerar los principios constitucionales de acceso a empleo público.
La sentencia de la plaza número 13 de lo Social se limita a la cuestión formal de la caducidad y no analiza si hubo amaño, dejando abierta la posibilidad de que en los otros dos juicios se aborde el fondo del asunto.
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