Junts no apoyará ninguno de los dos decretos de vivienda del Gobierno. Sánchez rechaza retirarlos y exige su tramitación. El partido de Puigdemont pedía un nuevo texto.
El partido de Carles Puigdemont, Junts, ha decidido no apoyar ninguno de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno de España. La formación independentista catalana, que tenía la llave para sacar adelante al menos uno de los textos, ha comunicado su rechazo a ambos, incluido el llamado decreto blando, que el presidente Pedro Sánchez creía que respaldaría. La decisión se ha conocido este martes y ha provocado una respuesta inmediata del Ejecutivo, que ha rechazado retirar las normas y ha exigido su tramitación parlamentaria.
Junts no ha rechazado los decretos con contundencia, sino que ha invitado al Gobierno a retirarlos y presentar con celeridad un nuevo texto para corregir algunos aspectos que, en su opinión, provocarían el efecto contrario de lo que se busca. Según la formación, estas correcciones son necesarias para evitar consecuencias no deseadas en el mercado de la vivienda.
La negativa de Junts y la reacción de Sánchez
La negativa de Junts supone un revés para el Gobierno, que había confiado en el apoyo de la formación catalana para aprobar al menos uno de los dos decretos. El presidente Sánchez ha sido tajante al responder que ni hablar de retirarlos, y ha instado a Junts a asumir su responsabilidad en la tramitación parlamentaria.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que los decretos son necesarios para garantizar el derecho a la vivienda y que no se modificarán a petición de un partido que, según consideran, está intentando una improbable cuadratura del círculo. La situación deja en el aire la aprobación de unas medidas que afectan a miles de ciudadanos.
Contenido del decreto blando y sus medidas
El decreto blando, que muchos creían que Junts respaldaría aunque fuera sin gran entusiasmo, pretende dar más estabilidad a los inquilinos y contiene las subidas arbitrarias y codiciosas de los alquileres al menos en un horizonte de cuatro años. Además, ofrece algunas interesantes concesiones impositivas a los caseros si rebajan un 5% los alquileres y les cubren las espaldas ante situaciones de impagos en determinadas circunstancias.
Otra de las medidas incluidas es la prohibición a los grandes fondos de comprar inmuebles por menos del 70% de su valor de tasación. Sectores de Junts podrían considerar esta medida como una inaceptable intromisión del Estado, aunque, según los análisis, si esos fondos compran a un 71%, también harán un jugoso negocio.
Contexto y reacciones políticas
La decisión de Junts se produce tras un análisis de los pros y los contras por parte de la formación, que ha decidido dar la espalda al clamor de cientos de miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, para los que el derecho elemental de tener un techo se ha convertido en un calvario. Es cierto que Junts, como cualquier partido, tiene un compromiso con sus electores, y una masa considerable de estos son pequeños y medios propietarios de bienes, particularmente inmobiliarios.
Sin embargo, quien lea sin prevenciones el texto del decreto blando difícilmente llegará a la conclusión de que constituye un atentado contra la propiedad privada. Quien debería enfadarse es más bien la izquierda, que reclamaba una mano mucho más dura contra esos pulpos inmobiliarios. La izquierda había pedido medidas más contundentes para regular el mercado y frenar la especulación.
El rechazo de Junts deja al Gobierno sin los apoyos necesarios para aprobar los decretos, lo que podría retrasar la implementación de las medidas de vivienda. El Ejecutivo tendrá que buscar alternativas o negociar con otros grupos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas.
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