Un juez federal ha bloqueado temporalmente la orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de congelar la ayuda exterior estadounidense. La decisión judicial se produce en respuesta a una demanda presentada por dos organizaciones de salud que reciben fondos del gobierno de los Estados Unidos.
Un juez federal ha bloqueado temporalmente la orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , de congelar la ayuda exterior estadounidense, que se canalizaba principalmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional ( Usa id). El juez del Distrito de Columbia, Amir Ali, emitió esta orden el jueves en respuesta a una demanda presentada por dos organizaciones de salud que reciben fondos del gobierno de los Estados Unidos para financiar programas en el extranjero.
La decisión judicial indica que el Ejecutivo, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato.Siguiendo la orden emitida por el presidente republicano a finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una directiva en la que frenó toda la asistencia exterior. La única excepción fue el apoyo para Israel y Egipto, y mantuvo solo el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema. La decisión desató el pánico en organizaciones humanitarias de todo el mundo, que dependen de los contratos con Estados Unidos para seguir operando. Según la ONU, Estados Unidos es, de lejos, el principal proveedor de ayuda exterior. Llegó a invertir cerca de 72.000 millones de dólares durante 2023, lo que representa el 40% de la ayuda humanitaria global. De acuerdo con la nueva doctrina del gobierno estadounidense, cada dólar invertido debe 'hacer que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte y más próspero'. El parón de 90 días es, según el Departamento de Estado, 'la única manera de examinar y prevenir el despilfarro'. Además, 50 altos cargos de Usaid fueron suspendidos debido a sospechas de que se habrían resistido a acatar las órdenes. También este jueves, una coalición de fiscales de 14 estados del país ha demandado a la Administración de Trump, por el rol desempeñado por el magnate Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Esto se debe a que los funcionarios consideran que el multimillonario está sobrepasando la autoridad que le confiere la Constitución. Su denuncia, presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, subraya que Musk, 'como un elefante en una cacharrería, ejerce una enorme cantidad de poder ilegitimado sobre sistemas sensibles e importantes programas gubernamentales que son vitales para el estilo de vida estadounidense'. Los fiscales generales –de estados gobernados por los demócratas como Arizona, California, Míchigan, Minnesota, Nevada, Vermont o Washington– alegan que Musk 'ha desmantelado agencias federales, accedido a datos confidenciales y causado perturbaciones generalizadas en los gobiernos estatales y locales, así como en sistemas críticos de los que los estadounidenses dependen a diario'. Rob Bonta, fiscal general de California, ha explicado que: 'Al alterar miles de millones de dólares en fondos federales esenciales para la aplicación de la ley, la atención médica, la educación y otros servicios críticos, sus acciones perjudican a los estados'. Para los demandantes, no hay mayor amenaza para la democracia que la acumulación de poder estatal en manos de un único individuo no elegido. El DOGE tiene como objetivo reducir el gasto y la democracia en el Ejecutivo federal. Con ese pretexto, en estas tres semanas desde que Trump regresó al poder, ha iniciado el desmantelamiento del aparato público. Entre otros puntos, asegura haber recortado unos 1.000 millones de dólares al cancelar contratos y programas que promovían la diversidad, la inclusión y la equidad. El pasado martes, Trump firmó una orden ejecutiva para reducir 'significativamente' la plantilla de la Administración pública y otorgar más poder al departamento de Musk, al instruir a las agencias federales a colaborar con él
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