Un informe interno contra Juan Francisco Pérez Llorca revela su patrimonio inmobiliario en Finestrat y su gestión urbanística, abriendo nuevas vías de investigación y evidenciando la guerra civil en el PP valenciano.
Un informe elaborado por un investigador privado y desvelado por elDiario.es ha puesto en el punto de mira al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, al acreditar un importante patrimonio inmobiliario de su familia, especialmente en el municipio de Finestrat, donde fue concejal de Urbanismo y alcalde entre 2007 y 2025. El documento, que circula en el seno del PP valenciano, evidencia la guerra civil interna y abre nuevas vías de investigación sobre su pasado y su gestión.
Patrimonio inmobiliario y gestión urbanística en Finestrat
El informe señala que empresas vinculadas a Llorca compraron cuatro parcelas en Finestrat cuando este era alcalde y concejal de Urbanismo. Estas propiedades familiares, una veintena en total, se sitúan en puntos clave como la avenida de Benidorm, una de las arterias principales del municipio, y podrían verse afectadas por el nuevo Plan General Estructural (PGE).
Las pesquisas vinculan el decreto de consulta pública del documento consultivo del PGE de Finestrat, firmado el 5 de noviembre de 2025 por Pérez Llorca poco antes de convertirse en president de la Generalitat, con las propiedades familiares del entonces alcalde. Aunque el plan no está aprobado y no ha consolidado derechos para los propietarios, sí erosionaría al president si alguna de sus propiedades obtuviera plusvalías.
El informe también alude a una vivienda en la avenida de Benidorm adquirida por una empresa de la que Pérez Llorca es copropietario y reformada de manera importante, así como a terrenos colindantes propiedad de sociedades familiares. La tramitación del plan ha sido criticada por considerarse opaca.
Contratos, seguimientos y otros frentes abiertos
El dosier menciona supuestos seguimientos a David Serra, exdiputado autonómico del PP condenado en el caso Gürtel, cuyo despacho fue adjudicatario de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Finestrat. Serra reconoció haberse reunido en la taberna La Raspa con un alto cargo del Ejecutivo autonómico de Pérez Llorca, aunque se desconoce el nombre de los empresarios presentes.
Otro apartado aborda el contencioso de la familia de Pérez Llorca con el empresario hispano-ruso Konstantin Viktorovich Sokolov Medvedev, aunque el informe pide prudencia para no parecer sensacionalista. Además, se repasan los contratos de emergencia de la dana adjudicados bajo la batuta de Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras, y se afirma que como director gerente de EPSAR adjudicó casi 60 millones de euros a empresas vinculadas a la órbita del PP, sin aportar pruebas.
El documento también examina las propiedades de Javier Sendra y de su hermano Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), en Planes, localidad de la que el primero fue alcalde. Se reprocha que el COACV desplegara actividad formativa en el municipio sin convenio publicado y se alude a un supuesto patrón sistémico de nepotismo.
Reacciones y posibles consecuencias legales
El informe ha ahondado en la fractura del PP valenciano, donde nadie se fía de nadie. La oposición ha encontrado nuevas vías de investigación y algunas entidades vinculadas a la extrema derecha buscan llevar el documento ante la Fiscalía Anticorrupción para plantarse en un juzgado.
El texto, que no aporta pruebas en varios de sus puntos, usa terminología ambigua y muestra un desconocimiento del funcionamiento de las diputaciones, según críticos. Aun así, impacta directamente en la gestión municipal de Pérez Llorca y podría erosionar su candidatura.
El dosier también reprocha a Sendra que las subvenciones de la Diputación de Alicante al Ayuntamiento de Planes se aprobaran con su voto sin que conste abstención, lo que refleja un supuesto patrón de nepotismo. Estas revelaciones se suman a la guerra interna en el PP valenciano y a las crecientes demandas de transparencia.
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