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Gotham City Research y Daniel Yu piden archivar la demanda de Grifols en Nueva York por falta de jurisdicción, argumentando que Yu reside fuera de Estados Unidos desde 2020.
La defensa de Gotham City Research y su líder, Daniel Yu, ha cambiado de estrategia legal en la demanda que Grifols interpuso en Nueva York para reclamar una indemnización. Más de dos años después del inicio del procedimiento, los abogados de la firma bajista han advertido al tribunal federal que carece de jurisdicción para tramitar el caso. En un escrito presentado el 30 de septiembre, solicitan el archivo al considerar que el juzgado no tiene competencia porque la residencia de Yu se encuentra desde hace años fuera de Estados Unidos. De hecho, le definen como una persona sin Estado.
Nueva defensa y argumentos jurídicos
Gotham ha fichado al despacho Akin Gump Strauss Hauer & Feld, una de las mayores firmas de abogados a nivel global, que se ha incorporado a la defensa que ha pilotado desde el principio el bufete Miller Korzenik Sommers Rayman. El escrito se dirige al juez federal Lewis J. Liman, que toma las decisiones más importantes del caso, y a su colega Gabriel W. Gorenstein, encargado de resolver los recursos de trámite.
La nueva defensa sostiene que el tribunal federal no tiene y nunca ha tenido jurisdicción sobre el caso, por lo que anunciará una moción para dejarla sin efecto por falta de jurisdicción sobre la materia. Argumentan que Grifols se equivocó al alegar la residencia de Yu en Manhattan. Según los abogados, Yu es originariamente de EE UU, pero al menos desde 2020, antes de la presentación de la demanda y de los hechos denunciados, su residencia permanente y principal se localiza fuera del país. No dan más detalles.
Además, señalan que Yu es considerado sin Estado, ya que no es ciudadano de ningún estado de EE UU ni de un país extranjero. Esta condición, añaden, se trasladaría también a Gotham, ya que Yu es el único propietario. Ante la posible objeción de que esta cuestión se plantee cuando el procedimiento lleva más de dos años en marcha, los letrados aseguran que este tipo de cuestiones pueden llevarse al debate en cualquier momento del proceso, según la jurisprudencia estadounidense, e incluso puede ser planteada de oficio por el propio tribunal.
Contexto de la batalla judicial
La batalla judicial entre Grifols y Gotham en Estados Unidos se encuentra en curso. En España, se investiga al fondo bajista en la Audiencia Nacional por posible manipulación del mercado. La demanda de Grifols se centra en el informe publicado por Gotham el 9 de enero de 2024, en el que acusó a la compañía española de haber manipulado sus cuentas para ocultar su deuda real y reducir artificialmente su apalancamiento. Según Grifols, el informe fue elaborado y difundido en Nueva York.
Grifols argumentó que la residencia de Yu y el lugar donde habría tenido lugar el acto denunciado es Nueva York. La farmacéutica sostuvo que Yu es residente y tiene su domicilio en Manhattan, aunque advirtió que utiliza varios alias y cambia de domicilio con frecuencia. En cuanto a Gotham, la compañía española indicó que, aunque se constituyó en Delaware, su principal plaza de actividad es la Gran Manzana.
El caso ha avanzado después de que el juez Liman considerase que solo una de las afirmaciones de Gotham cumple los requisitos de ser difamatoria. Se trata de la afirmación realizada por Gotham en su informe acerca de que la cotizada ocultó un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises, empresa vinculada a la familia Grifols, operación que sí había sido revelada. Esto provocó que la firma estadounidense tuviera que sacar una segunda versión de su documento.
Discrepancias sobre la documentación
Una de las principales discrepancias que han enfrentado a Gotham y Grifols durante el procedimiento ha sido por la documentación que el bajista debe entregar a la farmacéutica para que arme su acusación. La firma de inversión, que defiende que su análisis se ampara en la libertad de expresión, solicitó la protección de la ley antiSLAPP de Nueva York ante la ingente batería de información que solicitó la empresa catalana.
Sin embargo, esta estrategia fracasó, dado que los magistrados Liman y Gorenstein desestimaron la petición al entender que no se dan los requisitos establecidos para conceder dicha prerrogativa.
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