El nuevo decreto ley incluye 29 medidas sociales, la mayoría de las que se encontraban en el decreto anterior derogado, como la subida del 2,8% de las pensiones, las bonificaciones al transporte público hasta junio y la suspensión de los desahucios por impago de renta.
El Gobierno español ha aprobado un nuevo decreto ley en el Consejo de Ministros que recupera las medidas sociales que habían caducado la semana anterior en el Congreso. Este decreto, fruto de un acuerdo con el partido Junts , incluye 29 medidas sociales, la mayoría de las que se encontraban en el decreto anterior derogado.
Entre las medidas recuperadas se encuentran la subida del 2,8% de las pensiones, las bonificaciones al transporte público hasta junio, la suspensión de los desahucios por impago de renta para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prolongación del bono social de electricidad para consumidores vulnerables. Como novedad, este decreto introduce un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos. También se espera que se incluyan la subida del 9% para el ingreso mínimo vital (IMV) y la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 (1.134 euros brutos mensuales) a la espera de la nueva subida para 2025. El decreto ley no incluye medidas de carácter tributario y económico que aún están en negociación, como el apoyo a la industria electrointensiva, el Plan Moves para la compra de vehículos eléctricos o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Junts ha comunicado que estas medidas se negocian en un segundo momento. Entre ellas se encuentra la que busca suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos. Otras medidas que podrían quedar en suspenso son la deducción en el IRPF del 20%, 40% o 60% de las obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la deducción del 15% en el IRPF de la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga. También se mantendría pendiente la subida a 2.500 euros (actualmente 1.500 euros) de la renta procedente de un segundo pagador que exime de presentar la declaración de la renta si los ingresos totales no superan los 22.000 euros anuales.El decreto aprobado este martes también incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del llamado escudo antiopas, norma que protege a empresas de sectores estratégicos y de interés nacional que afectan a la seguridad, salud y orden público de inversores extranjeros intracomunitarios. Esta norma permite vetar la compra de participaciones iguales o superiores al 10% de empresas cotizadas en España y de empresas no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros
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