El juez Hurtado cita a declarar como imputados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos fiscales más en el caso de la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado Ángel Hurtado , instructor del Tribunal Supremo, ha citado a declarar como imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , el próximo 29 de enero en la causa abierta contra él a raíz de la denuncia de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid.
El juez considera “apuntalados” los indicios contra el máximo representante del ministerio público, que se encuentra investigado por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la dirigente popular. En ese email, que desmontaba un bulo difundido por el equipo de la política, la defensa admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al ministerio público para evitar la entrada en prisión de González Amador. Además de fijar ya el interrogatorio de Álvaro García Ortiz, el juez Hurtado señala la fecha (30 de enero) para la declaración como imputada de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, que también está investigada desde la apertura de este procedimiento en el alto tribunal. Pero, además, el magistrado no se queda ahí y, por primera vez, extiende la imputación a Diego Villafañe, teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Para justificar este movimiento, el juez se apoya en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que registró los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, e intervino sus comunicaciones. En uno de esos análisis, fechado el pasado 21 de noviembre, los agentes señalaron “la participación preeminente del fiscal general en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración”. En esa misma línea, según el magistrado, el instituto armado ha aportado “información de peso” con indicios de que los tres investigados se podrían “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”. Pese a que la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de que García Ortiz diese alguna orden para divulgar datos confidenciales, el juez considera “que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud”, a que “hay una base indiciaria para presumir la relevante participación del en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición”: “Y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”. El instructor del Supremo centra la diana en lo ocurrido el pasado 13 de marzo. En la noche de aquel día, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador —pese a que había sido realmente al revés—. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, llevaba propagando esa información tergiversada desde la tarde, a lo que añadía el invento de que el ministerio público había retirado su oferta por motivaciones políticas. Tras difundirse la supuesta noticia de El Mundo, la cúpula de la Fiscalía General del Estado comenzó a recabar información para, según defiende, elaborar una nota de prensa para desmentir esa tesis falsa. Ese comunicado se publicó en la mañana del 14 de marzo, pero varios medios ya habían publicado antes el correo del abogado de González Amador, que demostraba que era él quien había intentado alcanzar un acuerdo. El alto tribunal sospecha que la Fiscalía filtró ese correo del letrado del novio de Ayuso (fechado el 2 de febrero). Y el juez instructor apunta directamente a la cúspide de la institución al atribuir a García Ortiz un “papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”. Según el magistrado, esta teoría se basa en la actividad que desplegó en aquellas horas de “urgencia y gran tensión” del 13 de marzo, cuando “intervino en la elaboración de la nota de prensa” que se publicó al día siguiente; y cuando recibió en su correo electrónico el email de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le facilitó Pilar Rodríguez. “La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general en recoger una determinada información. Tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024”, expone el magistrado del Supremo. Hurtado resta valor al testimonio de dos periodistas, Miguel Ángel Campos (Cadena SER) y José Precedo (Eldiario.es), que le contaron que habían accedido al contenido de ese email mucho antes de que lo recibiera García Ortiz aquella noche. “Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos”, minusvalora el juez
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