Nuevo ataque estadounidense en aguas internacionales del Pacífico deja dos muertos, elevando a más de 200 las víctimas fatales en operaciones militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico desde agosto de 2025. El gobierno justifica las acciones como "golpes kinéticos letales" contra organizaciones terroristas, pero crecen las críticas por falta de transparencia y posibles violaciones al derecho internacional.
Estados Unidos ha llevado a cabo un nuevo ataque contra una lancha en aguas internacionales del Pacífico, resultando en la muerte de dos tripulantes. Este incidente se suma a una serie de operaciones militares que, en menos de diez meses, han acumulado más de 200 fallecidos.
Según comunicados oficiales, la lancha estaba asociada a redes de narcotráfico catalogadas como organizaciones terroristas o criminales transnacionales, lo que justifica el uso de fuerza letal bajo el marco de la Joint Task Force Southern Spear. El comandante Gen. Francis L. Donovan confirmed que la acción fue un "lethal kinetic strike" y que inteligencia previa había confirmado la implicación de la embarcación en tráfico de drogas.
El gobierno estadounidense ha publicado en la plataforma X un video del momento en que la lancha es impactada por un proyectil a alta velocidad, enfatizando la precisión del ataque. No se reportaron bajas entre las fuerzas militares de EE. UU. La intensificación de estos ataques se ha observado en las últimas semanas, con múltiples operaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, manteniendo un promedio de varios incidentes por semana.
Desde el inicio del plan en agosto de 2025, la estrategia ha procurado interceptar embarcaciones sospechosas de narcotráfico en zonas de tránsito internacional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de estos actos, señalando la falta de verificaciones independientes sobre la identidad de los fallecidos y su real conexión con actividades ilícitas.
Además, critican que se emplee la fuerza militar en lugar de operaciones policiales tradicionales, lo que eleva el riesgo de violaciones a los derechos humanos y reduce la transparencia en los procesos. El contexto de estos eventos refleja una política exterior agresiva contra el narcotráfico, tratándolo como una amenaza de seguridad nacional equiparable al terrorismo. Esta clasificación permite, según EE. UU.
, el uso de tácticas militares en aguas internacionales sin necesidad de extradiciones o procesos judiciales convencionales. No obstante, la comunidad internacional muestra creciente preocupación por la posible instrumentalización de esta postura para actuar con impunidad. Países de la región, cuyas aguas son escenario de estos operativos, han expresado su incomodidad ante la falta de consulta y coordinación, así como por el posible impacto en la soberanía marítima.
La opacidad en la cadena de mando y la escasa rendición de cuentas generan un vacío que alimenta narrativas de abuso de poder y escalada violenta en zonas de alta conflictividad por el control de rutas de drogas
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