La Audiencia Nacional investiga una red de venta de visados y blanqueo de capitales en Argelia, mientras que en Marruecos persiste un mercado negro de citas consulares.
La Audiencia Nacional ha iniciado una exhaustiva investigación sobre las presuntas actividades delictivas que se habrían desarrollado en el seno del consulado español en Argel.
Este proceso judicial ha tenido como punto culminante la detención de Vicente Moreno, canciller de dicha sede, junto a un colaborador argelino, bajo la sospecha de estar implicados en una trama de venta ilegal de visados. Según las diligencias dirigidas por la jueza María Tardón, la red no solo se limitaba a la expedición fraudulenta de permisos de entrada a España, sino que también operaba un complejo sistema de blanqueo de capitales.
Los fondos recaudados a través de estos sobornos, que en algunos casos alcanzaban la astronómica cifra de 25.000 euros por núcleo familiar, eran posteriormente trasladados a territorio español para ser lavados mediante la compra de vehículos y otros mecanismos financieros. Testimonios de funcionarios sugieren que se cometieron barbaridades administrativas, llegando a otorgar hasta diecisiete visados simultáneos a una sola familia, ignorando deliberadamente todos los protocolos de seguridad y legalidad vigentes.
El impacto de esta corrupción trasciende el ámbito penal y afecta gravemente a las relaciones económicas y comerciales entre España y Argelia. Diversos empresarios han denunciado que la obtención de una cita consular se ha vuelto una tarea casi imposible, con una tasa de denegación que oscila entre el 70 y el 80 por ciento para los solicitantes legítimos.
Esta situación crea un cuello de botella que perjudica a las compañías españolas con inversiones en el país norteafricano y a las empresas argelinas que desean importar productos españoles. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y la reciente visita del ministro José Manuel Albares, cuyo objetivo era agilizar los trámites para los visados de negocios, la realidad en las oficinas consulares sigue siendo opaca.
La frustración es tal que algunas empresas españolas se han visto obligadas a cerrar sus operaciones en Argelia, ya que sus socios locales no pueden viajar a España para coordinar la logística o supervisar la compra de maquinaria, evidenciando cómo la corrupción administrativa puede sabotear la estrategia exterior de un Estado. Este escenario en Argelia no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de un patrón recurrente en el norte de África.
Desde que se impuso la obligatoriedad del visado en 1992, los consulados en Marruecos han sido escenario de escándalos similares en ciudades como Rabat, Tánger, Casablanca y Tetuán. En Marruecos, el problema se ha desplazado hacia la gestión de las citas a través de intermediarios y empresas externas como BLS.
Se ha documentado la existencia de un mercado negro donde las citas para presentar el expediente de visado Schengen se venden por precios que varían desde los 300 hasta los 1.000 euros. Incluso se han reportado casos de usuarios desesperados que recurren a redes sociales para conseguir un turno, mientras que ciertos clientes especiales son conducidos a zonas VIP en el segundo piso de las instalaciones, saltándose todas las listas de espera.
La tasa de rechazo de solicitudes en Marruecos, que en 2021 alcanzó el 27,6%, supera la media mundial, lo que sugiere que el sistema no solo es ineficiente, sino que está diseñado para beneficiar a quienes pueden pagar sobornos. Abogados y ciudadanos han recurrido al Defensor del Pueblo para denunciar el bloqueo sistemático del sistema de citas, describiendo una estructura donde la corrupción comienza desde la propia puerta del consulado
Visados Corrupción España Argelia Marruecos
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