Una declaración institucional contra ese episodio que contaba con el apoyo de BComú y PSC acaba con acusaciones del gobierno municipal contra los republicanos
Se preveía un tenso final de pleno en Barcelona y así fue. Una controvertida declaración institucional contra el desalojo de población gitana rumana que hubo en Francia en 2013, mientras Manuel Valls era su ministro de Interior, ha provocado este viernes unentre todos los grupos y un importante cabreo del gobierno municipal de PSC y BComú, que apoyaron la iniciativa, con ERC, su impulsor.
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