Una empresa dedicada a desocupaciones de viviendas, Antiokupa Tarraco, está bajo investigación por presuntamente operar como una organización criminal que usa intimidación y violencia para desalojar a residentes. El dueño, Andrei S., está en prisión preventiva acusado de liderar esta organización. La defensa niega los cargos y alega que solo proporciona ayuda legal a propietarios de viviendas.
Las desocupaciones de viviendas son un negocio lucrativo que operan al margen del cauce judicial. Desde octubre, un juez mantiene en prisión a Andrei S., dueño de una de estas compañías, Antiokupa Tarraco, sospechoso de liderar “una organización criminal” que actúa con “la finalidad única y exclusiva de cometer actos delictivos” para “sacar rendimiento económico”.
También cita el uso de defensas personales, porras extensibles o gas pimienta. Los informes describen patrones intimidatorios, que causan “desgaste psicológico” en las víctimas para que abandonen de las viviendas, lo que genera un “estado de hipervigilancia continuo”, con “trastorno del sueño, ansiedad y estrés sostenido en el tiempo”.
Desocupaciones Organización Criminal Intimidación Violencia Justicia
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