La Mesa del Senado del PP quiere que el CGPJ se pronuncie sobre la reforma legal del PSOE que limita la acción popular en causas de corrupción. El PP critica la reforma y la compara con la ley de Maduro contra el acoso judicial.
La Mesa del Senado , en la que tiene mayoría el PP, tiene intención de pedir al Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) que se pronuncie sobre la reforma legal con la que el PSOE pretende dejar en papel mojado causas judiciales sobre casos de presunta corrupción , como los que afectan a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez.
Desde Colunga (Asturias), la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calificó este sábado la reforma como la 'ley Begoña', pues a su juicio Sánchez busca con ella 'dar carpetazo a los sumarios' en los que los jueces investigan a 'su entorno más cercano, su mujer y su hermano, su Gobierno y su partido'. El PSOE registró el viernes la reforma en el Congreso, como proposición de ley orgánica (pues afecta a un derecho fundamental protegido por la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva). El PP rechaza la 'Ley Begoña' que impulsa el PSOE para cercenar la acusación popular y 'dar carpetazo a su corrupción' La maniobra es la misma que cuando Pedro Sánchez comprometió la amnistía con Carles Puigdemont, después de varios meses de negociaciones y una última semana de infarto, con Santos Cerdán en Bruselas: presentarla como Grupo parlamentario y no como proyecto de ley del Gobierno, para librarse de pedir los informes previos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal. Por eso, según fuentes del Partido Popular, la formación de Alberto Núñez Feijóo ya está estudiando los detalles legales para actuar como entonces. Es decir, aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para darle voz a las instituciones implicadas directamente en la reforma: el órgano de gobierno de los jueces, el máximo órgano consultivo del Estado y la institución más elevada de la Fiscalía, garante de la legalidad, según la Constitución Española. 'Es completamente lógico que lo hagamos', explica un miembro de la dirección del PP. 'Debemos actuar como entonces, para salvaguardar la institucionalidad y el sistema democrático' ante una reforma de tanto calado como la impulsada por el PSOE. Sumar se opone a la ley de Sánchez que restringe la acción popular en la Justicia y Junts hará 'enmienda a la totalidad' Los informes serían preceptivos en caso de que la iniciativa hubiese sido lanzada por el Consejo de Ministros. Nunca serían vinculantes, pero permitirían dilucidar, de inicio, la sujeción de estas reformas a la Carta Magna, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e incluso a la legislación europea. La Mesa del Senado y la del Congreso son los únicos organismos constitucionales que, además del Gobierno, podrían pedir estos dictámenes. Pero, a la vista de la 'obediencia' con la que actúa la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, en palabras de otra fuente de la cúpula del PP, tendría que ser el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, quien consulte con sus letrados la viabilidad de la iniciativa. De momento, los populares no han iniciado formalmente los trámites para ello, dada la premura de las fechas. Más aún teniendo en cuenta que la reforma legal fue entregada este viernes por los socialistas en el Registro del Congreso y que Alberto Núñez Feijóo ha invertido el fin de semana en una cumbre con sus presidentes autonómicos en Colunga (Asturias) para cerrar acuerdos sobre políticas concertadas entra las 11 CCAA populares, las ciudades de Ceuta y Melilla, y la coalición de gobierno en Canarias. El juez Peinado pide a los bancos los movimientos y saldos durante cinco años de más cuentas de Begoña Gómez La Mesa del Senado no podrá dar este paso hasta que la proposición de ley haya sido aprobada inicialmente por el Congreso e inicie su tramitación en la Cámara Alta. Los populares se plantean solicitar al menos un dictamen no vinculante al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación se desbloqueó el pasado mes de julio, mediante un gran acuerdo entre el PP y el PSOE, bajo los auspicios de la Comisión Europea. Ya no existen, por tanto, sombras de parcialidad sobre el órgano de gobierno de los jueces. La nueva presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, inclina la mayoría hacia el sector progresista, pero hasta el momento ha dado muestras de una gran ecuanimidad y no ha dudado en defender la independencia del Poder Judicial frente a los ataques de algunos ministros. De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pactada el pasado verano por PP y PSOE, el CGPJ precisa mayorías cualificadas para efectuar nombramientos en los principales órganos judiciales. Sin embargo, un dictamen como el que pretende solicitar el Senado puede ser aprobado por mayoría simple. El PP acusa a Sánchez de querer 'amedrentar a los jueces' y lo compara con Maduro por su ley contra el 'acoso judicial' De ser aprobada en su actual redacción, la proposición de ley orgánica anunciada el viernes por Patxi López favorecerá a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, en los procesos penales que tienen en estos momentos abiertos. Ambos procesos están impulsados por entidades como Manos Limpias y Hazte Oír mediante la acusación popular, una figura que quedará excluida del proceso de instrucción cuando entre en vigor la reforma que impulsa el PSOE. Pero además, como ha informado EL ESPAÑOL, también Carles Puigdemont podría beneficiarse de esta reforma. Tras la aprobación de la ley de amnistía, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron al magistrado del Supremo Pablo Llarena que dejara sin efecto la orden nacional de detención contra el expresidente de la Generalitat. Pero Llarena pudo mantenerla porque así lo pidió Vox, que ejercer la acusación popular en la causa. Todas las asociaciones de jueces rechazan la reforma del PSOE porque está diseñada para 'casos con nombre y apellidos
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