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El juez Juan Carlos Peinado se jubila este domingo a los 72 años tras dos años investigando a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presunta malversación y tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado número 41 de Plaza de Castilla, se jubila este domingo al cumplir 72 años, poniendo fin a su carrera judicial y a dos años de investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La causa, que ha generado gran atención mediática, afronta ahora la fase de juicio con un jurado popular.
Investigación a Begoña Gómez
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la organización Manos Limpias, que sostenía que Gómez, prevaliéndose de su estatus personal como esposa del presidente del Gobierno de España, había recomendado o avalado por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Uno de los empresarios beneficiados por esas recomendaciones era Juan Carlos Barrabés, a quien Peinado sigue investigando por separado después de que la Audiencia Provincial le ordenara dejarlo fuera del juicio a Gómez y su asesora Cristina Álvarez, la segunda acusada.
El juez fue abriendo nuevas ramas de investigación por querellas presentadas por Hazte Oír o Vox, y llegó a investigar, además de a ellos tres, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y al directivo del IE Business School Juan José Güemes, pero la Audiencia Provincial levantó sus imputaciones.
Trayectoria judicial de Juan Carlos Peinado
Peinado ingresó en la carrera judicial en septiembre de 1994, cuando cumplía 40 años y por el turno de juristas de reconocida competencia, después de trabajar en otras actividades ligadas al derecho. Hasta recalar en su último destino, Peinado estrenó su andadura en los juzgados de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, para luego pasar por Talavera de la Reina (Toledo), Albacete y Getafe, hasta llegar a Madrid en 2012, donde comenzó en el Juzgado de lo Penal Número 7 de la capital.
En 2016 asumió la titularidad del juzgado número 41 de Plaza de Castilla, desde donde ha instruido el caso que ahora llega a juicio. A lo largo de estos dos años, el juez también llamó a declarar como testigos al propio Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de Gómez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se desmarcó de la contratación de Álvarez.
Reacciones y decisión final
El presidente del Gobierno se querelló contra Peinado por presunta prevaricación después de que acudiera a Moncloa a interrogarle tras rechazar que pudiera declarar por escrito como había solicitado y aceptar que las partes accedieran al video de la declaración. Peinado criticó el silencio de Sánchez, asegurando que se pueden extraer conclusiones, y las referencias al jefe del Ejecutivo han sido numerosas en sus resoluciones, en las que ha ligado el caso con la llegada del matrimonio a la Moncloa en junio de 2018.
En sus escritos, Peinado llegó a afirmar que conductas que provienen de palacios presidenciales parecen más propias de regímenes absolutistas y que para encontrar un caso así quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Además, planteó que el Tribunal Supremo investigara a Sánchez por un delito de malversación, vinculado al nombramiento de Álvarez, y falso testimonio que apreció en su declaración, pero el alto tribunal rechazó la petición ante la absoluta ausencia de indicios.
Esta misma semana, pocos días antes de su jubilación, Peinado tomó su última decisión: abrir juicio, por ahora sin fecha, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La acusación popular solicita 13 años de cárcel para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden su absolución. Lo hizo casi al límite de su adiós a la carrera judicial y después de que la Audiencia de Madrid respaldara el juicio a Gómez y su asistente, pero por menos delitos de los que el juez apreciaba y suprimiendo las cautelares que impuso, como la retirada del pasaporte.
El tribunal que juzgará a Gómez y Álvarez estará compuesto por nueve ciudadanos y un magistrado de la Audiencia de Madrid, donde se celebrará el juicio, que ejercerá como presidente. Según la Ley del Tribunal de Jurado, será él quien determine cuáles de los hechos que se traten en el proceso son justiciables, así como de recoger el veredicto del jurado y dictará la sentencia en consecuencia. Esa ley establece un régimen de incompatibilidades para formar parte de un jurado popular, que comprende desde el Rey y el presidente del Gobierno hasta miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o funcionarios de prisiones.
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