La aplicación de la limitación de los precios del alquiler dependerá de su evolución, ya que si subiesen drásticamente sí podrían superar el acumulado de la inflación.
El pasado mes de octubre, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó el entonces anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, el fantasma de la inflación seguía en la sombra. Sin embargo, pasaron los meses y el IPC avanzó un 3,1% medio anual en 2021, una cifra que amenaza con cerrar en 2022 entre el 6% y el 7% anual, según prevén los principales analistas.
MÁS INFORMACIÓN Según cálculos preliminares del Ejecutivo, que se encuentra trabajando en el índice de precios del alquiler oficial que servirá para acotar las potenciales zonas tensionadas, las previsiones de inflación para 2022 podrían echar por tierra la medida. “La subida del IPC en 2021, dado que venimos de años con avances incluso negativos, no puso en peligro la futura regulación de los precios.
Desde Transportes, detallan fuentes del departamento, creen por el momento que el diferencial de cinco puntos sobre el IPC “puede entenderse adecuado”. Aun así, recuerdan que el proyecto de ley se encuentra en tramitación parlamentaria y, por tanto, “está sujeto a las modificaciones que, a través de las oportunas enmiendas, se acuerden como más adecuadas para mejorar el texto”.
El problema, reconocen en el Ejecutivo, es que la normativa tardará en aplicarse. Aunque la ley debería aprobarse en el Congreso en el tercer trimestre de este año para cumplir con el calendario enviado a la Comisión Europea, el ministerio dispone de un plazo de hasta 18 meses adicionales desde entonces para desarrollar el índice que permita declarar zonas tensionadas.
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