El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, que asciende a un total de 37.017 plazas. El anuncio, realizado por el...
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Oferta de Empleo Público para 2026, que asciende a un total de 37.017 plazas.
El anuncio, realizado por el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, materializa unas cifras que el Ejecutivo ha mantenido en secreto frente a los representantes de los sindicatos hasta el último momento. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha defendido la nueva oferta asegurando que la gran prioridad es la digitalización y que el uso de la tecnología debe servir para "transformar empleos y no a destruir empleos".
Lejos de basarse exclusivamente en reponer a quienes se jubilan, López ha argumentado un cambio de modelo histórico, afirmando que la oferta "no está hecha en función de cuántas bajas tienes, cuántas altas te pongo, sino de qué prioridades tiene el país". El desglose de la resolución destina 27.232 plazas a la Administración General del Estado .
Aunque no se ha detallado en el anuncio inicial la proporción exacta de promoción interna, Función Pública ha asegurado que la diferencia entre las incorporaciones y las jubilaciones dejará un saldo positivo de 6.200 empleos. Además, habrá 1.700 puestos destinados a Tecnologías de la Información y Comunicación , que incluirá por primera vez en la historia especialistas en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y ciencia del dato En paralelo, el Ejecutivo ha confirmado una convocatoria extraordinaria de 346 plazas destinadas al Ministerio para la Transición Ecológica para hacer frente a la emergencia climática, y ha anunciado que se incrementará en un 30% la oferta en áreas estratégicas como la gestión de migraciones, ciberseguridad y atención ciudadana.
Un anuncio a espaldas de los sindicatos Pese al saldo positivo de 6.200 empleos, la aprobación de esta OEP marca un punto de inflexión en las relaciones entre los sindicatos y la Administración. Por primera vez en ocho años de legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado al anuncio oficial sin haber desvelado previamente el número de plazas ni su distribución territorial.
Esta maniobra gubernamental ha sido denunciada frontalmente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios como una "falta de transparencia" y de "respeto absoluta" hacia los representantes legales de los trabajadores. Las negociaciones previas saltaron por los aires el pasado 22 de abril, fecha de la última reunión técnica en la que Función Pública se negó a poner una sola cifra sobre la mesa.
El sindicato acusó a López de haber secuestrado la información con el único fin de "vender" su propia versión ante los medios y evitar el desgaste público. El Ejecutivo ya había ido preparando el terreno para frenar las expectativas de los agentes sociales, advirtiendo previamente que ya se habían alcanzado "cifras muy similares" a las del año anterior y que no tenía sentido "seguir creciendo eternamente".
A esto se suma un contexto macroeconómico restrictivo: con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, los sindicatos temían que el Gobierno se escudara en su escaso margen de maniobra legal. Desde las agrupaciones sindicales insisten en que no se trata de "crecer por crecer", sino de atajar una crisis estructural profunda.
Pese a que el Gobierno defiende haber reducido la edad media por debajo de los 50 años, la OEP choca contra la realidad de una plantilla donde gran parte de los efectivos sigue envejecida. A esto se añade la reciente entrada en vigor de la jornada de 35 horas semanales, que merma el tiempo efectivo de atención al ciudadano y exige un robustecimiento matemático de los turnos, denuncian los sindicatos.
La falta de previsión ha quedado expuesta de forma dramática en los últimos meses. El proceso masivo de regularización de migrantes ha desbordado las oficinas de Extranjería y del Ministerio del Interior, generando largas colas e improvisación .
Asimismo, servicios críticos para el Estado del bienestar, como el SEPE y la Seguridad Social, continúan trabajando al límite de su capacidad, insisten desde CSIF. Cabe recordar que la anterior OEP de 2025, con 36.588 plazas, ya supuso una caída de casi un 9% respecto al récord histórico alcanzado en 2024, cuando se aprobaron 40.146 puestos. Aquella oferta a la baja fue rechazada de plano por el CSIF al considerar que destruía la creación de empleo neto.
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