La vicepresidenta Teresa Ribera defiende su plan para el Tajo-Segura, contestado por la Comunidad Valenciana, pero mantiene conversaciones con Ximo Puig para buscar una solución
para intentar frenar los planes de Teresa Ribera, consensuados con otras autonomías y apoyados expresamente por Castilla-La Mancha, a la que le avalan varias sentencias del Supremo que obligan a fijar un caudal ecológico para el Tajo.
Por debajo de las declaraciones públicas hay mucho trabajo político para intentar llegar a un acuerdo.
Además, se ha propuesto la creación de una comisión bilateral para estudiar el posible impacto. El acuerdo no parece del todo imposible, pero la tensión ha subido alrededor de la inminente decisión —el Gobierno ya ha enviado un borrador de decreto al Consejo de Estado, que ahora está recibiendo alegaciones de todas las autonomías afectadas— y también de la manifestación de este miércoles.
En el ministerio señalan que hay que pensar también en el ecosistema del Tajo, que no se puede quedar sin agua, y sobre todo en la prioridad absoluta que es el llamado “agua de boca”, esto es, la que beben las personas.
Ribera fue clara en la rueda de prensa: “Muchas de las alegaciones de las autonomías tienen un componente emocional. El Gobierno debe preservar el interés nacional. Lo peor es no ver la realidad de los años de sequía que sufrimos. Hemos hecho muchas obras. En estos cuatro años hemos trasvasado más agua que en los cuatro anteriores. Vamos a hacer un esfuerzo de diálogo, pero no nos gusta mucho que se tergiverse la realidad en favor de algunas pancartas.
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