Frente a las 1.000 propiedades que la Iglesia reconoce haber registrado a su nombre de forma irregular, el Gobierno cree que el total es de 30.000. Las asociaciones, sin embargo, han contabilizado 1000.000 inmuebles inmatriculados, muchos de ellos públicos
Interior de la catedral de Valladolid, uno de los bienes inmatriculados, durante la celebración de una misa.El pacto entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal por el que la Iglesia católica española ha admitido que al menos un millar de las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015 son irregulares ―tras una reforma legislativa durante el mandato de José María Aznar ― se considera escaso en las asociaciones que piden la devolución completa de estos inmuebles.
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