Josean Izarra nació en París (Francia) en 1966 y reside en el País Vasco desde 1970. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV y Graduado Social por la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
Casi 100 antidisturbios de la Ertzaintza pertrechados con escudos, cascos y porras, ocultos sus rostros con verduguillos y organizados en un amplio dispositivo policial añadieron ayer dramatismo al incierto futuro de Tubos Reunidos; la empresa rescatada en 2021 por la Sepi con ayudas que suman 160 millones de euros.
Los policías vestidos de negro facilitaron el acceso a la fábrica parada desde el pasado 15 de marzo a 234 empleados que, en asamblea, votaron volver a trabajar. Frente a ellos, un número similar de sus compañeros capitaneados por el comité de empresa se ratificaron en la huelga.
Con la plantilla dividida en dos y Tubos Reunidos en concurso de acreedores, el PNV presiona en Madrid ante Pedro Sánchez y en Bruselas para atrapar más ayudas públicas que eviten la destrucción de hasta 1.300 empleos en Euskadi.
Después de 52 días de huelga sin fabricar ni un solo tubo, en la recta asfaltada de acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en Amurrio se mostró la angustia de gran parte de sus 900 trabajadores ante un futuro incierto. 234 trabajadores habían recorrido juntos y andando los casi tres kilómetros de distancia entre el pueblo alavés y la factoría conjurándose en cada paso para superar el piquete informativo capitaneado por el comité de empresa que el 15 de marzo decretó la huelga indefinida contra un Expediente de Regulación de Empleo para la eliminación de 250 puestos de trabajo.
Casi un centenar de policías vascos facilitaron la celebración de una asamblea impulsada por un tercio de la plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio: 232 empleados votaron por poner fin a los paros . Minutos más tarde, los partidarios de finalizar los paros comunicaron el resultado a la dirección de la empresa para que facilite su acceso a las fábricas de Amurrio y Trapagarán y a la Inspección del Gobierno vasco para que tenga constancia de este resultado que encona el clima interno de una empresa situada «en el precipicio» de su disolución, como advirtió ayer el consejero de Industria vasco Mikel Jauregi .
«Hoy en día la deuda de Tubos Reunidos es insostenible, la deuda vale cinco o seis veces más que la empresa en sí. Entonces, ¿quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso? No va a entrar nadie», advertía el consejero vasco Jauregi mientras en los accesos de la planta de Amurrio se incrementaba la tensión entre partidarios de la huelga y quienes votaron por su final.
La metáfora del piso del máximo responsable de operaciones como la compra de Talgo difumina la involución de un grupo industrial que cuenta entre sus accionistas con el BBVA y con fondos familiares vascos y que ha sufrido una pérdida de su valoración bursátil del 70% en los últimos meses.
«La situación en problemática y grave y la empresa tendría que hacer algún movimiento con la parte social antes de ceder el testigo al administrador concursal», reclama Raúl Ayuso, portavoz de UGT que destacaba ayer el «hito» de la celebración de una asamblea que constató la intención de parte de plantilla por ayudar en la búsqueda de una salida que evite la disolución de Tubos Reunidos con el despido de sus 1.300 trabajadores.
Un dramático final que interpela a la dirección de la compañía y a la Sepi, que en julio de 2021 incluyó a Tubos Reunidos junto a Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera y Ávoris, cinco empresas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga por la presunta vinculación con tramas de corrupción del PSOE. El grupo industrial alavés encontró en julio de 2021 el salvavidas de la Sepi con un préstamo participativo de 113 millones de euros con el que debía superar un endeudamiento provocado por garrafales errores de gestión y por la caída de ventas en los tres años anteriores.
«Cuando ha habido años buenos se han repartido las ganancias entre los accionistas y, al caer las ventas en los años menos buenos, se aumentaba la deuda», advertía ayer Gorka Abascal, sindicalista de ESK y miembro del comité de empresa que ratificó su decisión de mantener la huelga. Cinco meses después de lograr el balón de oxígeno de la Sepi, Tubos Reunidos recurrió como asesor externo a Vicente Fernández.
Un fichaje que investiga la UCO porque Fernández fue nombrado presidente de Sepi en junio de 2018 por la entonces ministra María Jesús Montero. Durante casi 16 meses Fernández controló la Sepi pero su presunta influencia se prolongó por la decisión de Montero de recurrir a un sustituto temporal.
En sus investigaciones sobre la 'fontanera' socialista Leire Díez, la UCO halló un grupo de Whatsapp denominado Hirurok que compartían Díez, Vicente Fernández y el dueño de Servinabar Antxon Alonso. La investigación judicial apunta al cobro de hasta 150.000 euros entre 2021 y 2023, periodo en el que Fernández también recibió pagos de Tubos Reunidos y en el que constó como empleado de Servinabar; la empresa tapadera utilizada por Antxon Alonso y Santos Cerdán para conseguir adjudicaciones públicas irregulares.
Tubos Reunidos reconoció pagos directos a Fernández y facilitó toda la documentación a la Audiencia Nacional.
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