Dos meses, una guerra en Ucrania, un giro diplomático en Marruecos y un cambio de inquilino en la séptima planta de Génova 13 después, la legislatura en Castilla y León comenzará este lunes su andadura. El fragor de los acontecimientos ha apolillado demasiado rápido las elecciones del pasado 13-F, cuyo desenlace culmina con un pleno de investidura llamado a marcar el devenir de la política española: el aterrizaje de Vox en un gobierno autonómico. La llegada de un Juan García-Gallardo como vicepresidente sin cartera –“jarrón chino”, lo llama ya su predecesor inmediato, Francisco Igea– del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Que el PP haya quitado el precinto a su política de pactos por su costado derecho.
no llegaría a cerrar su plan para la renovación territorial. La campaña, apresurada por un Casado que se fotografió junto cualquier tractor, granja o mamífero a mano, fue una caída en picado del PP que acabó en 31 procuradores. El auge de Vox y su candidato anónimo alcanzaron los 13.
“Si llega a seguir a Egea, nos vamos otra vez a elecciones”, dice convencida una diputada del PP, asegurando que la intención del ex secretario general era la de repeler por todos los medios un pacto con el partido de Abascal. “Si se abstiene el PSOE, bien; si pactan con nosotros, bien; si volvemos a elecciones, bien también”, hacía balance un dirigente de Vox hace un par de semanas, convencido de que “cualquier escenario” les hubiera favorecido.
Pero al acuerdo se le ha visto ya su primera costura. Vox aseguró el jueves que la Ley de Concordia que defiende, comprendida en el acuerdo, sustituiría al decreto autonómico de Memoria Histórica vigente desde 2018. El PP aboga por la misma convivencia entre una ley y otra que la Ley de Violencia de Género y la"intrafamiliar", término impuesto por Vox que engloba todas las violencias, sin distinción, en el seno doméstico.
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