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Christa Pike sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Tennessee tras 30 años en el corredor de la muerte. Amnistía Internacional reporta 47 ejecuciones en EE.UU. en 2025.
La justicia estadounidense intentó ejecutar este miércoles a Christa Pike en Tennessee por un brutal asesinato cometido en 1995, cuando era adolescente, después de mantenerla 30 años en el corredor de la muerte. Sin embargo, Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y fue hospitalizada en estado crítico, según informaron sus abogados. El caso reaviva el debate sobre la pena de muerte y la efectividad de los métodos de ejecución en Estados Unidos.
Ejecuciones en Estados Unidos alcanzan máximo histórico
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, las ejecuciones en Estados Unidos alcanzaron en 2025 la cifra más alta, con 47 casos, desde 2009. La organización no gubernamental señaló que, por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones.
A nivel mundial, Amnistía Internacional registró 2.707 ejecuciones en 2025, lo que representó un incremento del 78 por ciento con respecto al año anterior. El informe, que examinó el periodo entre enero y diciembre de 2025, reconoce que la información sobre la pena de muerte en algunos países es escasa o nula, por lo que las cifras podrían ser mayores.
América Latina fue pionera en la abolición total de la pena de muerte. Venezuela, en 1863, se convirtió en el primer país del mundo en prohibirla. A lo largo de las décadas, este castigo ha ido desapareciendo de la región, aunque en algunos países aún no se ha eliminado por completo.
Cuba mantiene la pena capital con carácter excepcional
La pena de prisión perpetua en Cuba fue introducida en 1999 como alternativa a la pena capital. Una moratoria vigente desde el año 2000 solo fue interrumpida una vez: con el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes cubanos acusados de secuestrar un barco con rehenes en La Habana con la intención de huir a Estados Unidos. Fueron condenados por graves delitos de terrorismo.
En mayo de ese año, el Tribunal Supremo Popular de Cuba señaló que se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años, y se mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad, y se suprime en cuatro delitos.
Cuando Raúl Castro era presidente de Cuba, defendió en diversos foros públicos la existencia de la pena de muerte en su país. En 2023, en un comentario a una solicitud de información sobre la moratoria del uso de la pena de muerte realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno cubano pidió que el tema no se viera de forma aislada, sino que se consideraran las condiciones de cada país.
El pueblo cubano confía en que en el futuro existan las condiciones para abolir la pena capital, a partir de sus convicciones éticas y morales y su profundo sentido de humanismo, indica un texto publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Sin embargo, esa decisión tendrá que estar vinculada al cese de la política de agresión practicada contra Cuba por el gobierno de los Estados Unidos, de modo que Cuba pueda, en un clima de paz, avanzar en su desarrollo económico, político y social, con plenas seguridades al respeto de su soberanía y a la existencia misma de la nación cubana. El texto añade que en muchos años no se ha dictado ninguna sanción de pena de muerte por los tribunales cubanos y esta no se aplica desde el año 2003.
Guatemala y el fin de la pena de muerte en Latinoamérica
A excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Este tratado prohíbe a los Estados extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se les aplicara en el momento de su adhesión. Para añadir otros, se tendría que denunciar el convenio, algo que es considerado improbable por muchos analistas.
En 2016, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte en el caso de asesinato. En 2017, también declaró inconstitucional la implementación de la pena de muerte para cinco delitos previstos en el Código Penal. Además, derogó las referencias a la pena de muerte que permitían aplicarla según la Ley contra la Narcoactividad, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente, indicó en octubre de 2017 Martín Guzmán, secretario de la Corte, según la agencia de noticias AP. Con estos avances, Latinoamérica se consolida como la región con menor aplicación de la pena capital a nivel global.
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