El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas se enfrenta a discrepancias internas en el Gobierno, especialmente respecto al plazo de entrada en vigor y el periodo de transitoriedad.
La definición del proyecto de ley que recogerá la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas no sólo depende del diálogo social y de las negociaciones parlamentarias que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han abierto con los diferentes grupos. En el seno del Gobierno también existen discrepancias en torno a algunas cuestiones relacionadas con la medida.
Según ha podido saber Público, desde el Ejecutivo se apunta a que un sector del ala socialista (en el que se incluye al Ministerio de Economía, aunque no sólo a este departamento) estaría defendiendo dos cuestiones que chocan abiertamente con los planes y con la concepción de la medida que tienen los de Yolanda Díaz. La primera de estas cuestiones tiene que ver con la entrada en vigor de la reducción de la jornada y con el denominado periodo de transitoriedad de las empresas. Desde una parte del PSOE se estaría defendiendo la necesidad de retrasar la entrada en vigor del futuro proyecto de ley al 2026, en vez de desplegarlo en 2025 como persiguen Trabajo y las organizaciones sindicales. Cuando la patronal estaba todavía sentada en la mesa de diálogo social que abordaba la reducción de la jornada laboral, los empresarios ya esgrimieron la necesidad de aplazar esta modificación y de abrir un periodo de transitoriedad para que las empresas se pudieran adaptar a la nueva realidad. Cabe recordar que la primera propuesta que Trabajo puso encima de la mesa contemplaba una reducción de la jornada en dos tiempos: a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Dado que la negociación se alargó más allá de lo previsto (por la ausencia de propuestas por parte de la patronal), finalmente los de Díaz optaron por renunciar al objetivo de empezar a reducir las horas de trabajo en 2024 y aplazarlo todo a 202
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