El derecho a la protesta pacífica se enfrenta a la ley mordaza y a actuaciones policiales que buscan desincentivar las manifestaciones. Conoce tus derechos y límites legales.
El derecho fundamental de reunión pacífica vuelve a estar bajo amenaza en España debido a actuaciones policiales que buscan desincentivar las protestas, según denuncian juristas y organizaciones sociales. En el contexto de las movilizaciones por el derecho a la vivienda, que se han extendido por todo el Estado, se han registrado desalojos de acampadas en plazas públicas, como la de Santander, y un intento de la Policía Local de Málaga de impedir una concentración. Estas acciones, que afectan no solo al derecho de reunión sino también a la libertad de expresión y participación política, se producen bajo la sombra de la ley mordaza, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
La ley mordaza y su impacto en las protestas
La conocida como ley mordaza, en vigor desde 2015, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por limitar el ejercicio de la protesta. Según el último informe de una plataforma de seguimiento, el ámbito de la vivienda ocupa el segundo lugar entre los que concentran más casos de intervenciones represivas, con un 17,6 % del total. En 2025, se observa una clara concentración en tres grandes ejes: el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación, que juntos suman cerca del 60 % de los casos registrados.
El informe detalla que las protestas por vivienda incluyen intervenciones policiales en desahucios y desalojos —cargas, dispositivos sobredimensionados, detenciones durante intentos de paralización y vigilancia mediante drones—, así como actuaciones represivas más allá del evento: sanciones administrativas vinculadas a concentraciones, procedimientos penales derivados de movilizaciones y macrocausas contra activistas. También se señalan acciones en el entorno de los desalojos protagonizados por actores privados, como empresas de desocupación o seguridad privada tipo 'desokupa', y campañas de difamación contra referentes vecinales.
La proporción de casos que incluyen privación de libertad en este ámbito es superior a la media general, al igual que el peso de los procedimientos judiciales posteriores. La ley mordaza tipifica como infracción grave el uso de la protesta no comunicada, pero los juristas recuerdan que la falta de comunicación no convierte la protesta en ilegal. Además, las sanciones por faltas de respeto o consideración a los miembros de las fuerzas de seguridad son una herramienta habitual para disuadir la disidencia.
Derechos fundamentales y límites legales
El artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y establece que no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, la autoridad solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Sin embargo, los expertos denuncian que a menudo se confunde la comunicación para avisar a las autoridades con una petición de permiso. Como subraya un portavoz de Amnistía Internacional, nunca se pide permiso para ejercer un derecho.
El abogado Daniel Amelang señala que aunque las concentraciones espontáneas podrían conllevar algún tipo de sanción para los organizadores, esto no justifica un desalojo o la interrupción del derecho. Por su parte, el jurista Escaño resume que ocupar una plaza es una acción pacífica y que el espacio público no solo es para transitarlo, también sirve para ejercer el derecho a la protesta. Las acciones de protesta tienen un componente de generar incomodidad, como ocupar una vía pública, pero al ser un derecho fundamental están protegidas y deben llevarse a cabo. El componente clave es que sean actuaciones pacíficas, y obstruir, hacer una sentada u ocupar una plaza es una acción pacífica, al igual que sentarse en una terraza a tomar un refresco.
Recomendaciones para ejercer el derecho a la protesta
Ante este panorama, los juristas ofrecen una serie de recomendaciones para ejercer el derecho a la protesta sin incurrir en sanciones. En primer lugar, es fundamental conocer que la comunicación previa no es una autorización, sino un aviso para que las autoridades garanticen el ejercicio de derechos. Las concentraciones espontáneas son legales, aunque los organizadores podrían enfrentar sanciones administrativas. Es importante mantener la naturaleza pacífica de la protesta y evitar cualquier acto que pueda ser considerado violento o que ponga en peligro a personas o bienes.
Asimismo, se recomienda documentar cualquier intervención policial que se considere desproporcionada, anotar números de identificación de los agentes y buscar asesoramiento legal. Las sanciones por faltas de respeto o consideración a los miembros de las fuerzas de seguridad son una de las infracciones más habituales, por lo que se aconseja mantener una actitud respetuosa y no responder a provocaciones. En el caso de desalojos, los activistas deben saber que las empresas privadas de desocupación no tienen potestad para impedir la protesta pacífica, y que la vigilancia mediante drones puede ser denunciada ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La ley mordaza sigue siendo un obstáculo para el pleno ejercicio del derecho a la protesta, pero los expertos insisten en que la movilización social es legítima y está amparada por la Constitución. Las protestas por la vivienda digna, que resonarán con fuerza este fin de semana, son un ejemplo de cómo la ciudadanía ejerce sus derechos fundamentales para reclamar cambios políticos. La clave está en la organización, la información y la defensa de los derechos humanos.
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