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El parlamento rechazó dos proyectos de vivienda, generando tensiones entre partidos y planteando un debate sobre la gestión de la crisis migratoria y de vivienda
El Congreso de la Unión, reunido en su sesión plenaria el pasado viernes, puso fin a una larga negociación sobre dos decretos de carácter urgente que pretendían reformar el sistema de vivienda pública y los contratos de alquiler frente a la crisis de alojamiento en las poblaciones españolas.
El primer proyecto, que buscaba establecer nuevos criterios de adjudicación de viviendas sociales, recibió 172 votos a favor y 178 en contra, quedando por poco. El segundo, que proponía la renovación automática de los contratos de alquiler para facilitar la reconexión de las familias a sus hogares, fue rechazado con 166 apoyos y 184 votos en contra.
Rechazo de los decretos genera debate
La mayoría se mostró escéptica ante la falta de un debate prolongado y la ausencia de garantías para los inquilinos en riesgo de desalojos. El rechazo de ambos decretos genera un debate entre los partidos. El grupo de Junts, que exige una revisión del texto y la retroalimentación de los datos de los servicios sociales, ha pedido al Gobierno una rectificación y un diálogo con la oposición.
Por su parte, el Equipo de la Praja puso en duda la legalidad de una huelga general en la que se participarían sin conflictos laborales existentes, y el líder del PP, en declaraciones aleccionadas, se compromete a no dejar pasar otra etapa legislativa sin aprobar los presupuestos. Se habla de la creación de un millón de viviendas nuevas en el primer mes de su gestión.
Además, la crisis en Ceuta ha empeorado con el reciente desalojo de un tramo de la playa de Benítez, donde los migrantes intentaron establecerse tras el cierre del Trampolín. La presencia de actores políticos en el evento de Espejo Público marca un intento de recalibrar la política de vivienda en la región y, al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de un adelanto electoral.
Pausa inesperada tras la decisión del Congreso
En la sala de prensa, Spangers Abascal se mantuvo firme en su posición sobre la necesidad de reformas urgentes y la implementación de medidas de vivienda sostenibles. Con la decisión del Congreso, la comunidad de vivienda se enfrenta a una pausa inesperada.
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