La respuesta del Constitucional a la agenda del Gobierno de Sánchez y el futuro de Puigdemont protagonizarán un nuevo curso judicial.
Madrid .- La respuesta del Tribunal Constitucional a la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez y el futuro de Carles Puigdemont, que mira de reojo la opción de una amnistía, protagonizarán un nuevo curso judicial, que ya empieza marcado por la incógnita sobre el horizonte penal de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso.
Otra cita importante será el 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas, donde se celebrará el juicio a una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, incluido Puigdemont, por el supuesto desvío de dinero público al “procés” de 2017 y a su promoción exterior. La conocida como ley del sólo sí es sí, la ley trans, la última reforma de la del aborto, la que derogó la sedición o la ley de Memoria Democrática son algunas de las que están encima de la mesa de un TC que también dará respuesta a los recursos presentados por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros 10 condenados por los ERE.
Además, el 15 de noviembre la Sala de lo Penal analizará en una vista las condenas impuestas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña.Al margen de lo que ocurra con Rubiales en la Fiscalía, la Audiencia Nacional retomará su actividad con juicios como el que sienta en el banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps por una derivada del caso Gürtel, ya en su recta final.
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Cuál es la propuesta de reforma territorial de Urkullu y qué opinan los partidosEl lehendakari vasco, íñigo Urkullu, ha lanzado su propuesta territorial para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y desarrollar un mayor autogobierno en Euskadi, siempre dentro del marco constitucional.En una tribuna en el diario El País titulada “Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo”, Urkullu rescata una propuesta que ya mencionó en anteriores ocasiones con otros nombres pero con la misma lógica. Un acuerdo dentro de la Constitución y con bilateralidad, es decir, con el sí tanto del Estado como de Euskadi. Urkullu plantea una ‘convención constitucional’ que actualice los ‘derechos históricos’ en dos pasos. Primero, firmar un acuerdo preliminar para la convocatoria y desarrollo de una convención constitucional del autogobierno; y segundo, celebrar dicha convención en el plazo de un año. Xavier Arbós, catedrático de Derecho constitucional en la Universidad de Barcelona ve poca “viabilidad constitucional” a la propuesta de Urkullu. “Plantear una convención constitucional equivale a plantear un foro del cual se desprenda una reforma de la Constitución que sea vinculante jurídicamente. Si se habla de convención constitucional es esto y esa reforma constitucional que parece proponer el señor Urkullu se refiere sobre todo a la interpretación de la Constitución, un tipo de acuerdo que surgiría para encontrar fórmulas comunes entre el Estado y algunas comunidades autónomas sobre la interpretación de determinados preceptos de la Constitución. Eso es olvidar que la interpretación de la Constitución depende del Tribunal Constitucional y que por más que se llegue a acuerdo con una o muchas comunidades autónomas, ese acuerdo no podrá imponerse a la interpretación del Constitucional”, afirmaba, en conversación con ‘Público’, el catedrático. Por otro lado, considera que la “idea de bilateralidad” comporta un “acuerdo obligatorio” entre dos partes, por un lado el Estado y por otra la Comunidad Autonóma, en este cas
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