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Christa Pike, condenada por asesinato en 1995, sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal. El apoyo a la pena de muerte en EE.UU. ha caído del 77% en 1995 al 52% en 2025.
Christa Pike, condenada a muerte por torturar y asesinar a su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal la noche del miércoles, según informó CNN. El caso de Pike, que ha pasado décadas en el corredor de la muerte, refleja el profundo cambio en el apoyo a la pena capital en Estados Unidos, que ha caído del 77% en 1995 al 52% en 2025, según encuestas de Gallup.
El declive del apoyo a la pena de muerte
Cuando Pike cometió el crimen, más de tres cuartas partes de los estadounidenses respaldaban la pena de muerte, una cifra cercana a su punto máximo histórico. Para 2025, solo alrededor de la mitad del país, el 52%, sigue apoyando esta práctica, de acuerdo con los datos más recientes de Gallup. Este cambio se ha producido mientras un puñado de estados del sur, encabezados por Florida, Texas y Oklahoma, son responsables de la mayoría de las ejecuciones en la actualidad.
La pena de muerte fue un tema central en la política estadounidense durante los años noventa. En 1992, el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, interrumpió su campaña presidencial para supervisar la ejecución de Rickey Ray Rector, condenado por el asesinato de un agente de policía en 1981. Aunque su presencia no era necesaria, los observadores señalaron que contribuía a su deseo de mostrarse firme contra el crimen. Clinton se enorgullecía de no haber concedido clemencia a Rector.
En un debate en New Hampshire el día antes de su viaje, Clinton declaró que como demócratas ya no deberían sentirse culpables por proteger a los inocentes. Casos posteriores de la Corte Suprema que prohibieron la ejecución de personas con discapacidades intelectuales probablemente habrían impedido esa ejecución hoy, ya que Rector tenía daño cerebral por una herida de bala. La corte también ha prohibido las ejecuciones por delitos que no sean homicidios y por crímenes cometidos por menores de edad.
Factores del cambio en la pena capital
En 1994, Clinton reforzó su imagen de firmeza al firmar la Ley Federal de Pena de Muerte, parte de un proyecto de ley más amplio contra el crimen elaborado por el entonces senador Joe Biden. Esta ley estableció procedimientos constitucionales para imponer la pena de muerte por 60 delitos, en virtud de 13 leyes federales vigentes sobre delitos punibles con la pena capital y 28 de nueva creación.
El panorama político cambió drásticamente para 2016. En la campaña presidencial de Hillary Clinton, la pena de muerte no fue un tema importante en los debates, pero abolirla formaba parte del programa oficial del Partido Demócrata. Varios factores contribuyeron a este cambio. La exoneración de al menos 200 personas que habían estado en el corredor de la muerte desde 1973 planteó dudas sobre la fiabilidad del sistema judicial para imponer la pena máxima.
En el año 2000, el entonces gobernador republicano de Illinois, George Ryan, impuso la primera moratoria a la pena de muerte después de que se demostrara la inocencia de más de una docena de reclusos del corredor de la muerte de ese estado a lo largo de varias décadas. Otros estados siguieron su ejemplo, e Illinois abolió la pena de muerte en 2011. Las disparidades raciales en la aplicación de la pena de muerte también plantearon interrogantes sobre la forma en que se solicitaba y llevaron a los tribunales de algunos estados a prohibirla.
El caso de Christa Pike y el corredor de la muerte federal
Biden, artífice de la ley contra el crimen de la década de 1990 que intensificó la aplicación de la pena de muerte federal, hizo campaña en 2020 con la promesa de abolir esta pena a nivel federal. Sin embargo, los demócratas no cumplieron con dicha promesa electoral. No obstante, Biden conmutó, de manera un tanto controvertida, las penas de muerte de 37 de las 40 personas que entonces se encontraban en el corredor de la muerte federal.
Quienes permanecen en el corredor de la muerte federal son Dzhokhar Tsarnaev, condenado por perpetrar el atentado con bomba en el maratón de Boston de 2013; Dylann Roof, condenado por asesinar a nueve personas en una iglesia históricamente afroamericana de Charleston, Carolina del Sur, en 2015; y Robert Bowers, quien mató a 11 fieles en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018.
El caso de Christa Pike, quien compareció ante un tribunal en Nashville en abril de 2012, sigue generando preguntas sobre su futuro tras haber sobrevivido a la inyección letal. Su situación refleja las complejidades y contradicciones del sistema de pena de muerte en Estados Unidos, donde el apoyo público ha disminuido significativamente desde la década de 1990, pero aún se aplica en ciertos estados y a nivel federal.
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