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Una demanda por violación grupal en la Universidad de Cornell reaviva el debate sobre la dificultad de denunciar agresiones sexuales en los campus de Estados Unidos.
Una exalumna de la Universidad de Cornell presentó una demanda civil en la que alega que fue drogada y violada por varios miembros de una fraternidad en 2024, según informes judiciales. El caso, que involucra a la universidad de la Ivy League y al sistema de justicia penal, ha reavivado el debate sobre la dificultad de denunciar agresiones sexuales en los campus universitarios de Estados Unidos.
El caso de la Universidad de Cornell
La demandante, conocida como Jane Doe para proteger su identidad, declaró haber denunciado la agresión a la policía del campus, que la entrevistó y proporcionó información a la fiscalía. En ese momento, el fiscal se negó a presentar cargos. Sin embargo, esta semana el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió el caso.
La universidad afirmó en un comunicado que llevó a cabo una investigación y un proceso judicial exhaustivos durante varios meses e impuso diferentes sanciones según las conclusiones y circunstancias de cada estudiante. Cornell aseguró que siguió los procedimientos establecidos en el Título IX, la ley federal de derechos civiles que exige a las universidades cumplir ciertas normas para investigar agresiones sexuales.
La investigación derivó en la expulsión del campus de la fraternidad involucrada y en la suspensión o expulsión de los estudiantes implicados, según la institución.
El impacto en las víctimas
La historia de Jane Doe no es un caso aislado. Mary, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, relató una experiencia similar cuando cursaba su primer año de universidad. Se despertó después de una fiesta de fraternidad con moretones y marcas de mordeduras por todo el cuerpo, y le tomó varios días comprender que había sido agredida sexualmente mientras estaba inconsciente.
El hombre al que acusó fue finalmente expulsado, pero la policía se negó a presentar cargos tras alegar que faltaban pruebas físicas. Mary describió el proceso como confuso, decepcionante y emocionalmente agotador, ya que tuvo que compaginarlo con su adaptación a la vida universitaria. Aseguró que la experiencia con la policía local le causó una profunda sensación de decepción hacia el sistema.
Aunque Mary no estudió en Cornell y su experiencia no está relacionada con dicha institución, defensoras de víctimas de agresión sexual señalan que estas historias son representativas de los desafíos más amplios que supone responder a las denuncias en los campus estadounidenses.
El laberinto de los sistemas de justicia
La compleja red de sistemas y políticas, que varía enormemente según cada centro de estudios, es una de las razones por las que la gran mayoría de las agresiones sexuales en los campus universitarios no se denuncian, según las investigaciones.
Nancy Chi Cantalupo, profesora asociada de Derecho en la Universidad Estatal de Wayne y con experiencia representando a víctimas en campus, afirmó que estos procesos son difíciles de sobrellevar incluso sin estar en una situación de trauma, y prácticamente imposibles de soportar cuando se está en esa condición.
Uno de los mayores desafíos para las sobrevivientes es desenvolverse simultáneamente en el sistema universitario y en la justicia penal. Por lo general, después de que un estudiante denuncia una agresión, la oficina de Título IX determina si la conducta alegada podría violar las normas, y luego ambas partes asisten a una audiencia con un panel de profesores u otros mediadores antes de que la escuela tome una decisión.
El caso de Cornell sigue en curso tras la reapertura de la investigación por parte de la fiscalía, mientras las defensoras insisten en la necesidad de reformar los procedimientos para facilitar el acceso a la justicia.
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