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Con el alquiler en el máximo histórico de 800 euros y salarios que no llegan a los 1.250, la plataforma STOP Alquileres Abusivos amenaza con una huelga si el Gobierno no actúa este martes
Con el alquiler en el máximo histórico de 800 euros y salarios que no llegan a los 1.250, la plataforma STOP Alquileres Abusivos amenaza con una huelga si el Gobierno no actúa este martes — Extremadura aprueba un plan de vivienda de 951 millones con fondos del Ministerio que ha llevado al Constitucional Imagen de la movilización en Cáceres para exigir la paralización inmediata de los desahucios y la intervención del mercado del alquilerUna multitudinaria concentración celebrada frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres en la tarde del viernes ha exigido la paralización inmediata de los desahucios y la intervención del mercado del alquiler.
La movilización, enmarcada en un clima de indignación social ante la escalada de precios que sufre la capital cacereña, ha sido convocada por la plataforma STOP Alquileres Abusivos en respuesta al reciente desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles en Madrid. , dirigidos tanto al Gobierno central como a la corporación municipal. Los organizadores han puesto el foco en la brecha entre el coste de la vivienda y el nivel de renta local.
Según datos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, el precio medio de un piso de alquiler en la ciudad se sitúa actualmente en 800 euros. Por su parte, el precio medio de una habitación individual alcanza ya los 260 euros, de acuerdo con los registros de la plataforma Idealista.
“Se trata del récord histórico de precios en la ciudad, que no deja de superarse mes tras mes”, advierten desde el colectivo vecinal. Esta situación choca con la realidad socioeconómica de la población local, donde la renta per cápita neta apenas alcanza los 1.250 euros mensuales, según el último Atlas Socioeconómico publicado por la Junta de Extremadura.
Patricia Naharro, portavoz de la plataforma, ha calificado el escenario de “insoportable”, denunciando que gran parte de los inquilinos destinan ya hasta un 60 % de sus salarios a cubrir el alquiler “mientras las administraciones miran para otro lado”. Desde la Oficina de Derechos del Inquilinato advierten de que la presión sobre las familias sigue aumentando.
Su integrante del equipo jurídico, Ángel Andreo, ha señalado que a lo largo del último año han atendido “decenas de casos con situaciones muy similares a la de Maricarmen”, sin que exista una respuesta suficiente por parte de las instituciones. Por su parte, Pedro Cordero, también miembro del colectivo, criticó el modelo actual al considerar que se están “replicando, punto por punto, las recetas económicas fracasadas que provocaron la crisis del ladrillo en 2008”.
En su opinión, la única solución efectiva pasa por regular los precios, dado que “esto no es un simple problema de oferta y demanda”. En la lectura del manifiesto final, la plataforma elevó el tono de sus reivindicaciones al poner sobre la mesa la convocatoria de una huelga si el Ejecutivo central no aprueba este martes en el Consejo de Ministros un paquete de medidas urgentes destinadas a intervenir de forma directa el mercado del alquiler.
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