Un movimiento estatal de bomberos se opone a su participación en desahucios, argumentando que la vivienda es un derecho y que su función principal es la protección ciudadana, no la expulsión de personas de sus hogares.
En julio de 2024, los bomberos de Madrid participaron en el desalojo que Zohra sufrió en Lavapiés. Este 22 de enero, requeridos nuevamente por la Policía Nacional, los bomberos participaron en el desahucio de Mariano, en Vallecas. Apenas unos días antes nació la Plataforma de Bomberxs contra los desahucios, un movimiento estatal formado por profesionales del sector que intenta concienciar a sus compañeros de que entre sus cometidos no figura este tipo de prácticas.
Sostienen que la vivienda es un derecho y como tal hay que defenderlo. Mario Aspano es bombero en el Ayuntamiento de Barcelona y se presenta tajante en su postulado: “Nosotros no deberíamos practicar desahucios porque no entra en nuestra cartera de servicios. Solo deberíamos actuar cuando una persona corre peligro”. Normalmente, las intervenciones vienen marcadas por peticiones derivadas de los Mossos d’Esquadra en su caso, o Policía Nacional, o por una orden judicial. “Esa suele ser la excusa, porque hemos comprobado en algunas ocasiones la orden judicial es falsa. Se la inventa la Policía para que actuemos”, denuncia el también delegado sindical de CGT. Otra situación para la que son requeridos se suele dar cuando una persona está en riesgo de suicidio y amenaza con tirarse al vacío, o está colgada en altura. Eso es lo que ocurrió en los dos ejemplos que han marcado las últimas actuaciones de Bomberos Madrid en una situación de desalojo forzoso, en donde los activistas se colgaron para evitar el dramático final que se avecinaba para los inquilinos. “Ni siquiera en esos momentos había personas que necesitaran nuestra ayuda, porque técnicamente los activistas estaban seguros, no corrían ningún peligro”, añade Aspano. “Cada uno debería actuar dentro de sus posibilidades, pero siempre teniendo en cuenta que estamos para proteger a la ciudadanía”, señala Íñigo Campos, bombero en Madrid. Cuando vio que sus compañeros de la capital habían ayudado a echar a la calle al vecino de Vallecas, fue lo primero que pensó, confiesa. “Ojalá tuvieran el acierto suficiente para no actuar de esa manera tan perjudicial, porque nosotros rescatamos a la gente, no la echamos de sus casas”, zanja.Qué hacen los Bomberos en un desahucio Él mismo explica que siempre que se requiere la presencia de bomberos, ellos acuden. Una vez en el lugar, parte de su trabajo consiste en valorar la peligrosidad del siniestro. “Si la dotación en su conjunto considera que la intervención no está dentro de nuestras funciones, no habría mayor problema en retirarse sin intervenir”, defiende Campos. El bombero de Madrid agrega que sus servicios pueden ser requeridos tanto por sus medios materiales como por sus conocimientos. “Pueden pedirnos algún vehículo de trabajo en altura, como una escala. No dejan de ser materiales de toda la ciudadanía, y ahí poco podemos hacer más que ponerlos a su disposición”, desarrolla. El mismo Campos ilustra otras situaciones en las que los bomberos deben prestar sus servicios a día de hoy: “Te pueden decir que un activista se ha colgado y está en riesgo, aunque eso no sea verdad porque realizan su labor con criterios de seguridad muy coherentes, o que protejas la posible caída con colchones, o que seas tú el que derribes la puerta de la casa, aunque no haya ninguna emergencia ni persona en peligro detrás de ella”. En definitiva, aclara que “sus conocimientos y formación para rescates y salvamentos terminan aplicados a detenciones de activistas o su persecución”. Represalias disciplinarias y legales El problema se acrecienta a la hora de tener que obedecer una orden. “Los directivos del Cuerpo quieren mantener el perfil social que siempre ha caracterizado a los Bomberos, pero acatan órdenes sin cuestionarlas”, apunta Aspano desde Barcelona. Ahí entra en juego la escala de mando, a quien contradecir podría llegar a suponer una sanción. Llegado el momento de negarse a actuar, estos funcionarios podrían enfrentarse a diversas sanciones recogidas tanto en su reglamento interno como en el Estatuto del Empleado Público. Además, en un desahucio podría llegar a jugar un papel clave la conocida como Ley Mordaza, “una ley que nunca debería haber existido que ata de manos a la protesta social, tanto a ciudadanos como a funcionarios de servicio”, opina Campos. En sus palabras, esta ley les considera “una herramienta al servicio de la Administración, por lo que decidir no actuar ante un desahucio podría llegar a convertirse en un delito de desacato a la autoridad”. Ya en 2013 sindicatos de diferentes partes del Estado español se negaron a participar en desahucios. Uno de los represaliados fue Roberto Rivas, bombero de A Coruña que terminó condenado a pagar una multa de 600 euros por ello. No quiso formar parte del desalojo de una anciana de 85 años. Aspano incide en que su margen de movimiento es reducido porque no existe una ley que proteja su objeción de concienci
Bomberos Desahucios Derechos Humanos Protestas Ley Mordaza
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