La ministra Ana Redondo critica duramente que la Junta de Andalucía asigne competencias de violencia de género a perfiles que niegan esta realidad, calificándolo de irresponsabilidad.
La ministra Ana Redondo ha manifestado un rechazo categórico y una profunda preocupación ante las recientes decisiones estructurales adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
La controversia se centra en la reasignación de competencias relativas a la violencia de género, las cuales han sido trasladadas al nuevo vicepresidente segundo de la Junta, quien simultáneamente desempeña las funciones de consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Según las declaraciones de Redondo, este movimiento administrativo no es una simple reorganización técnica, sino que representa un ataque directo a los cimientos del consenso social y político alcanzado en España para combatir la violencia machista.
La ministra ha subrayado que dejar la gestión y la valoración de las víctimas en manos de figuras políticas o formaciones que niegan la existencia de una violencia estructural basada en el género es una acción inadmisible que pone en riesgo la seguridad y el amparo de miles de mujeres. En un mensaje difundido a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Ana Redondo ha calificado esta medida como un 'órdago al pacto de Estado', sugiriendo que el Gobierno andaluz está desafiando deliberadamente uno de los acuerdos más significativos de la democracia española.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue diseñado para garantizar que, independientemente del color político del gobierno de turno, existiera una estrategia común y coordinada para erradicar las agresiones machistas. Para la ministra, el hecho de que estas competencias recaigan en sectores vinculados a ideologías que cuestionan la realidad de la violencia de género es una irresponsabilidad de magnitudes alarmantes.
Redondo sostiene que la administración de Justicia y la protección de las víctimas no pueden quedar supeditadas a visiones ideológicas que invisibilizan el problema, ya que esto podría derivar en una desprotección real de las mujeres que buscan auxilio en las instituciones públicas. Ante esta situación, la ministra ha anunciado que el Gobierno central no permanecerá indiferente y que ya se encuentran en proceso de estudio diversas medidas legales y administrativas para contrarrestar lo que considera un retroceso peligroso en materia de derechos humanos y equidad.
En un gesto de interpelación directa, Ana Redondo se ha dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole abiertamente si estas acciones en Andalucía suponen la ruptura definitiva del pacto de Estado. Esta cuestión pone de relieve la tensión política actual entre el Ejecutivo central y la administración regional andaluza, especialmente en lo que respecta a la influencia de formaciones políticas que abogan por la eliminación de las leyes específicas de género.
La ministra insiste en que el Estado tiene la obligación de velar por la coherencia en la aplicación de las políticas de protección, asegurando que ninguna víctima se sienta desamparada por el simple hecho de que quien gestiona su caso niegue la naturaleza de la agresión sufrida. El debate se extiende más allá de la gestión administrativa, tocando fibras sensibles sobre la identidad de las políticas públicas en España.
La preocupación de Redondo se fundamenta en que la violencia de género requiere un enfoque especializado y una sensibilidad institucional que no puede coexistir con la negación del fenómeno. La transferencia de competencias a la consejería de Justicia y Administración Local, bajo la dirección de perfiles alineados con discursos negacionistas, es vista como un intento de desmantelar el marco protector construido durante décadas.
Por ello, la lucha por mantener la integridad del Pacto de Estado se convierte ahora en el eje central de la respuesta gubernamental, buscando que la protección de la vida de las mujeres prevalezca sobre cualquier reestructuración organizativa impulsada por intereses partidistas en el sur del país
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